Colombia frente a un nuevo desafío de seguridad. El deterioro del orden público que deberá enfrentar el próximo presidente

La seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Tras varios años en los que el país había logrado importantes avances en la reducción de la violencia y la recuperación de territorios históricamente dominados por grupos armados ilegales, los indicadores recientes muestran un deterioro progresivo del orden público que preocupa a autoridades locales, gremios económicos, analistas y comunidades afectadas por el conflicto.

El próximo presidente de Colombia asumirá el mando de una nación que enfrenta múltiples amenazas simultáneas desde unas guerrillas fortalecidas, organizaciones narcotraficantes con mayor capacidad financiera, estructuras criminales urbanas más sofisticadas y una creciente presión sobre la seguridad ciudadana en las principales ciudades.

El nuevo presidente deberá tener en cuenta si da o no continuidad a la financiación de los acuerdos de paz con las FARC, proceso que ya cumplió con los términos pactados inicialmente, pero que tiene reclamaciones de incumplimiento, y cuando también tendrá que definir el futuro de la JEP.

La Paz Total y sus resultados

Uno de los ejes de la política de seguridad del gobierno saliente fue la denominada Paz Total, una estrategia orientada a abrir canales de negociación con diversos actores armados ilegales.

Durante los últimos años se instalaron mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), diferentes estructuras de las disidencias de las FARC y se avanzó en procesos de acercamiento con organizaciones criminales como el Clan del Golfo y bandas urbanas en distintas regiones del país.

La iniciativa buscaba reducir la confrontación armada mediante acuerdos de negociación y mecanismos de sometimiento a la justicia. Sin embargo, diversos informes de organismos de seguimiento y centros de análisis han señalado que, paralelamente a estos procesos, varios grupos ilegales aumentaron su presencia territorial y fortalecieron sus capacidades económicas y militares.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y diversas organizaciones de monitoreo del conflicto, los grupos armados tienen actualmente presencia o influencia en centenares de municipios del país, especialmente en regiones estratégicas para las economías ilegales.

Expansión territorial y fortalecimiento criminal

Las zonas más afectadas continúan siendo departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Arauca, Chocó, Guaviare, Meta, Caquetá y algunas regiones de Antioquia y la Costa Caribe.

En estos territorios convergen actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el control de rutas estratégicas para el transporte de drogas hacia mercados internacionales.

Las disidencias de las FARC han experimentado un crecimiento significativo en algunas regiones, mientras que el ELN mantiene presencia en amplias zonas fronterizas y corredores estratégicos.

Por su parte, el Clan del Golfo continúa siendo considerado por las autoridades como la organización criminal más grande del país, con una estructura que combina economías ilegales y control territorial.

Fuerza Pública. Limitaciones operativas y desafíos presupuestales

Uno de los principales desafíos para el nuevo gobierno será fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Diversos sectores han advertido sobre problemas relacionados con la disponibilidad de equipos, mantenimiento de aeronaves, renovación tecnológica y sostenibilidad presupuestal.

La aviación militar enfrenta retos asociados a la modernización de flotas, mientras que expertos en defensa han señalado la necesidad de garantizar recursos suficientes para la operatividad aérea, fundamental en un país con geografía compleja y amplias zonas de difícil acceso.

La situación se vuelve especialmente relevante en regiones donde el transporte terrestre resulta limitado y las operaciones contra grupos armados dependen en gran medida del apoyo aéreo. Y es que la Fuerza Aeroespacial Colombiana tiene en tierra a más del 80% de la flota por falta de mantenimiento de las aeronaves o por falta de combustible.

A ello se suma la necesidad de fortalecer sistemas de inteligencia, vigilancia y control fronterizo, en un contexto de creciente sofisticación de las redes criminales transnacionales.

El desafío de la moral institucional

Otro de los temas que heredará la próxima administración está relacionado con el clima interno dentro de las Fuerzas Armadas. Durante los últimos años se produjeron cambios importantes en la estructura de mando, retiros de oficiales de alto rango y modificaciones en las estrategias de combate al crimen organizado.

Desde el comienzo del gobierno Petro, el generalazgo fue desmantelado y los niveles 2, 3 y 4 en línea de mando fueron debilitados. Con la salida de los más antiguos oficiales, se perdió la experiencia operativa y de inteligencia acumulada y que había llevado a que el Ejército Colombiano fuera catalogado como uno de los mejores del mundo.

Diversos sectores han planteado la necesidad de recuperar la confianza institucional, fortalecer la carrera militar y policial, garantizar estabilidad en los mandos y mejorar las condiciones de bienestar para los uniformados.

La recuperación de la moral de las tropas será clave para cualquier estrategia de seguridad que busque resultados sostenibles en el mediano y largo plazo.

La seguridad urbana también preocupa

Más allá del conflicto armado, las ciudades colombianas enfrentan una creciente preocupación por la seguridad ciudadana. Delitos como el hurto, la extorsión, el microtráfico, las lesiones personales y los homicidios asociados a estructuras criminales continúan afectando la percepción de seguridad de millones de ciudadanos.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, las autoridades han advertido sobre la evolución de organizaciones criminales que operan mediante redes cada vez más complejas y especializadas. Precisamente, el Gobierno Nacional ha otorgado beneficios inexplicables a los cabecillas de las organizaciones delincuenciales urbanas, combos y delincuentes comunes.

La extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para comerciantes, transportadores y pequeños empresarios. Barranquilla reporta estar sitiada por la extorsión a los comercios; en Medellín, denuncian el incremento de secuestros, robo de automotores y control territorial en la periferia; en Bogotá, se reporta la penetración de grupos delincuenciales internacionales y oficinas de cobro que han incrementado el sicariato.

En numerosas regiones, los ciudadanos denuncian pagos obligados a grupos criminales para poder desarrollar actividades económicas cotidianas. Esta compleja situación supone un reto adicional para el nuevo mandatario de los colombianos.

Fronteras vulnerables y migración irregular

Otro frente que requerirá atención inmediata es la seguridad fronteriza. Las extensas fronteras con Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá continúan siendo utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, armas, personas y mercancías de contrabando.

La crisis migratoria regional también ha incrementado la presión sobre las capacidades institucionales del Estado, especialmente en zonas fronterizas donde convergen fenómenos humanitarios y de seguridad.

Las fronteras han sido epicentro de los corredores del narcotráfico, principalmente en el Catatumbo, Norte de Santander, frontera con Venezuela, y los departamentos de Putumayo y Nariño, en donde la frontera con Ecuador ha llevado a tensiones diplomáticas, al igual que las tensiones con Perú en el Amazonas.

Narcotráfico y minería ilegal como economías de los violentos

El narcotráfico sigue siendo la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales. A pesar de los esfuerzos de erradicación e interdicción, los cultivos ilícitos continúan representando un desafío para las autoridades.

En los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, se registra un crecimiento exponencial en el la cantidad de hectáreas cultivadas con hoja de coca. Las guerrillas tienen inundado de coca el sur y el oriente del país en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta y Norte de Santander.

La minería ilegal también se ha consolidado como una de las economías criminales más rentables del país, generando graves impactos ambientales y financiando estructuras armadas en múltiples regiones. El Clan del Golfo es el principal operador de minas ilegales que ha servido de combustible para su financiamiento y su accionar violento.

El Clan del Golfo, que se ha autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia para sus propósitos de negociación política, controla las minas en amplios sectores de Antioquia, la costa atlántica y Chocó. Entre tanto, el ELN controla las minas en parte del Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

Los retos del próximo gobierno

Frente a este panorama, el próximo presidente deberá diseñar una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo económico e institucionalidad y trabajar en recuperar el control territorial en zonas dominadas por grupos armados, fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y la Policía, modernizar equipos, tecnología e inteligencia estratégica; combatir las economías ilegales que financian la violencia y reforzar la seguridad urbana y la lucha contra la extorsión.

En el mismo sentido, el próximo presidente tendrá que trabajar en mejorar la protección de líderes sociales y comunidades vulnerables, fortalecer el control fronterizo, recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y coordinar acciones con gobernadores y alcaldes para enfrentar amenazas locales.

La situación de orden público será, sin duda, uno de los temas que definirá el inicio del próximo mandato presidencial. La capacidad del nuevo gobierno para recuperar la seguridad, garantizar la presencia efectiva del Estado y enfrentar el crecimiento de las organizaciones criminales será determinante para la estabilidad institucional y el desarrollo económico del país durante los próximos años.