Quienes conocen el mundo de la contratación estatal dicen que para robarse un contrato se necesita una triada bien aceitada, conformada por un contratista, un interventor y un supervisor corruptos.
Por Bernardo A. Guerra Hoyos
A la suspensión de labores en el Central Park de Bello, promovido y adjudicado por el entonces gobernador Luis Pérez como obra insignia de su administración, y con múltiples cuestionamientos por parte de la veeduría ciudadana, ahora se le suma el proceso de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría General de la República por el daño patrimonial que sufrió el Instituto de Deportes de Antioquia (Indeportes) por valor de 112.600 millones de pesos, donde aparece vinculada, entre otros, la interventora Dora Cristina Oliveros Zapata.
Oliveros tiene un historial público de hace más de ocho años: denunciada por su poco ético trabajo profesional en varias interventorías de obras que no fueron concluidas, especialmente en el área metropolitana, y, extrañamente, aparece como interventora del Central Park.
Debido a su falta de responsabilidad fue suspendida en el ejercicio de su profesión, entre el 30 de mayo de 2018 y el 30 de mayo de 2019, por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).
Resuena que una de las investigaciones del Copnia sobre Dora Cristina Oliveros se relaciona con una queja que interpuso contra ella el Área Metropolitana del Valle de Aburra, en el año 2014, porque aportó documentación falsa sobre la ingeniera Sandra Montes.
Entregó la hoja de vida de la ingeniera Katherine Cardona sin su consentimiento, en el concurso de méritos para “la interventoría de la pista de Super Cross BMX Mariana Pajón en la ciudad de Medellín”. Modalidad que también fue practicada en el área metropolitana por Ottomar Lazcarro, de la empresa OLT Logistic, quien aparece entre los vinculados con el robo de Centros Poblados del Ministerio de Comunicaciones.
Una breve búsqueda de sus antecedentes en internet habría sido suficiente para que quienes tienen la responsabilidad de adjudicar los contratos de interventoría se enteraran del pasado oscuro de estos personajes.
A lo mejor lo hicieron, pero no les importó y cobra actualidad lo que se comenta entre quienes conocen el mundo de la contratación estatal, que para robarse un contrato se necesita una triada bien aceitada, conformada por un contratista, un interventor y un supervisor corruptos. De ahí surgen las obras que presentan deterioro prematuro u obsolescencia programada que llaman algunos.
Hoy los contribuyentes estamos pagando carísimo la deficiente contratación de la actual interventoría del contrato 443 de 2019, suscrito entre Indeportes y el Colegio Mayor.
Volviendo al caso de Indeportes, en el que se perdieron, en varios hechos corruptos, más de 150 mil millones, tenemos que decir que no son todos los que están ni todos los que están fueron responsables de ese latrocinio.
En uno de los apartes del auto 286 del 23 de marzo de este año de la Contraloría General, se señala: “Los hallazgos de la Contraloría [en Central Park] obedecen a deficiencias en la etapa de ejecución, y debilidades en el control técnico y operativo por parte de la interventoría, además de las falencias presentadas en las funciones de la supervisión encargada por la entidad estatal responsable, durante la ejecución y desarrollo de la obra”. Se confirma lo de la triada.
Post Scriptum: ¿Hugo Díaz, actual director de Buen Comienzo, qué papel jugó en la estructuración de Central Park?
