El Gobierno lleva al Congreso la Ley de Rescate para contener un déficit fiscal que preocupa a los expertos

Un presupuesto de 634,9 billones bajo presión

El Presupuesto General de la Nación para 2027, una cifra ambiciosa calculada en 634,9 billones de pesos, logró superar su primer debate en las comisiones económicas del Congreso el pasado 14 de septiembre. Este avance representa un paso crucial en el proceso legislativo, aunque el calendario es apretado, pues enfrenta como fecha límite de aprobación definitiva el 20 de octubre. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien forma parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, ha salido en defensa de esta cifra. Ha señalado que, a pesar de que no es la cantidad ideal que el Ejecutivo desearía, corresponde a "lo financiable” y lo realista dadas las actuales y complejas condiciones de las cuentas públicas del país, buscando un equilibrio entre las necesidades y las posibilidades fiscales.

Para poder cubrir la totalidad de este gasto proyectado, el Estado colombiano se verá en la necesidad de conseguir durante el año 2027 una suma considerable, que asciende a alrededor de 150 billones de pesos, a través de crédito interno. Adicionalmente, requerirá unos 88 billones de pesos provenientes de financiamiento externo. Esta dependencia del endeudamiento subraya la presión sobre las finanzas nacionales. Uno de los rubros que más preocupación genera y que comprime significativamente el margen de maniobra fiscal para el próximo año es el servicio de la deuda, es decir, los pagos correspondientes a intereses y amortizaciones, que se proyecta que aumenten cerca del 48%.

Las advertencias del CARF

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), un órgano técnico independiente cuya misión es vigilar el estricto cumplimiento de la regla fiscal en Colombia, entregó proyecciones que resultan más severas y cautelosas que las presentadas por el Ejecutivo. Según su informe de septiembre, las estimaciones indican que el déficit fiscal del país cerraría el año 2026 en un 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra superior al 7,2% que había sido estimado por el Gobierno. Para el año 2027, el panorama se agrava, pues el CARF proyecta que el déficit escalaría a un preocupante 9,5% del PIB, apenas por encima del 9,4% que el Gobierno había previsto oficialmente, lo que resalta la magnitud del desafío fiscal.

En lo que respecta al endeudamiento público, el CARF ha realizado cálculos que muestran una trayectoria ascendente y preocupante. Estima una deuda neta del 60,2% del PIB para el cierre de 2026 y un incremento aún mayor, llegando al 67,4% para el año 2027. Lo más alarmante es que, en un escenario donde no se implementen nuevas medidas fiscales o de ajuste, el comité advierte que esta cifra podría dispararse hasta alcanzar un alarmante 91,2% del PIB hacia el año 2030, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Adicionalmente, el CARF moderó sus expectativas de crecimiento económico, proyectando un 2,5% en 2026 y un más modesto 1,8% en 2027, y advirtió que el ajuste fiscal factible sería de 9,7 billones de pesos, una cifra muy por debajo de los 21,7 billones que contempla el Gobierno en sus planes iniciales.

Alivios tributarios y austeridad

La Ley de Rescate Económico se perfila como la segunda pieza fundamental dentro de una agenda legislativa más amplia que el Ejecutivo ha planteado en varias fases, tras la aprobación del presupuesto general. El ministro Gómez Martínez anunció públicamente que esta importante iniciativa será presentada a comienzos del mes de octubre, con la expectativa de que su discusión y debate en el Congreso se lleven a cabo entre octubre y noviembre. La propuesta busca ser una herramienta integral que combine, por un lado, estímulos tributarios estratégicamente dirigidos a reactivar la actividad económica del país y, por otro, un robusto paquete de reducción de gastos. "La austeridad es el único camino que tenemos para sanear nuestras finanzas y garantizar la estabilidad económica", afirmó el ministro, enfatizando la urgencia de estas medidas.

Con la implementación del recorte propuesto a través de esta Ley de Rescate Económico, el presupuesto general de la nación experimentaría una significativa reducción, pasando de los actuales 635 billones de pesos a una cifra cercana a los 590 billones de pesos. Esta medida tendría un impacto directo en la reducción del déficit fiscal, que se proyecta bajaría del 9,4% al 7,2% del PIB. De manera similar, el déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, se reduciría del 4,5% al 2,3%. Sin embargo, es importante destacar que este ajuste, aunque necesario, tendría costos y consecuencias. La inversión pública real, un motor clave para el desarrollo, quedaría en torno a los 87 billones de pesos, lo que representa una disminución del 9% en comparación con el año 2026. Sectores estratégicos como Presidencia, Minas y Energía y Deporte se encuentran entre los más afectados por estos recortes presupuestarios, lo que implicará una reevaluación de prioridades y proyectos en estas áreas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué es la Ley de Rescate Económico y cuándo se presentará?

Es una iniciativa legislativa del Ministerio de Hacienda que busca combinar estímulos tributarios con un robusto paquete de reducción de gastos. Será presentada a comienzos de octubre en el Congreso.

¿Cuál es el objetivo principal de esta ley?

Su objetivo es recortar cerca de 45 billones de pesos del presupuesto general de la nación para reducir el déficit fiscal, proyectado en 9.4% del PIB, a un 7.2% del PIB.

¿Por qué es urgente esta medida según el Gobierno y el CARF?

Es urgente porque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyecta un déficit fiscal y un endeudamiento público superiores a las metas oficiales, lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país a largo plazo.