Tormenta en el fútbol colombiano: Cúcuta Deportivo pidió anular la reelección de Ramón Jesurún en la FCF

El panorama dirigencial del balompié nacional se encuentra en máxima alerta tras conocerse una drástica medida jurídica que podría cambiar el rumbo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Esta situación ha generado un profundo impacto en la estructura administrativa del deporte más popular del país.

El Cúcuta Deportivo, una institución con una rica y reconocida historia en el fútbol colombiano, que representa a una de las regiones con mayor tradición futbolística, ha radicado formalmente un contundente recurso de reposición y apelación ante el Ministerio del Deporte. Esta acción legal busca, de manera inmediata, que se revoque la inscripción de la actual junta directiva de la FCF y, consecuentemente, se anule la reciente reelección de Ramón Jesurún como presidente de la entidad. La solicitud del club 'motilón' ha generado un profundo revuelo en el ámbito deportivo y político del país, poniendo en tela de juicio la legalidad y la transparencia de los procesos electorales dentro de la máxima autoridad del fútbol nacional, así como la supervisión ejercida por las entidades gubernamentales.

La argumentación central del equipo fronterizo se basa en una presunta y grave violación de preceptos constitucionales y estatutarios que rigen el deporte asociado en Colombia. Esta violación, según el Cúcuta Deportivo, afecta directamente la legitimidad de la actual administración de la FCF. Específicamente, el club apunta de manera directa al incumplimiento del artículo 21 de la Ley 1228 de 1995.

Esta normativa, fundamental en la legislación deportiva colombiana, es taxativa y explícita al establecer una limitación clara y precisa: los miembros de los órganos de administración de las federaciones deportivas solo pueden ser elegidos para un máximo de tres periodos consecutivos. Esta regla fue concebida con el propósito de garantizar la renovación de los liderazgos, fomentar la transparencia en la gestión administrativa y evitar la perpetuación en el poder dentro de las instituciones deportivas del país, principios esenciales para la buena gobernanza y la vitalidad democrática de las federaciones.

Según el detallado documento presentado por la institución deportiva de la frontera, Ramón Jesurún, actual presidente de la FCF, ya habría cumplido con creces el límite de periodos que impone la mencionada ley. El dirigente barranquillero ha completado de manera sucesiva y consecutiva los mandatos correspondientes a los cuatrienios 2014-2018, 2018-2022 y el que actualmente se encuentra en curso, el cual culmina en este año 2026.

Con base en este historial, la reelección que lo posiciona para un nuevo periodo, que iría de 2026 a 2030, lo colocaría en un cuarto ciclo consecutivo al frente del máximo organismo del fútbol en Colombia. Si la interpretación del Cúcuta Deportivo es validada por las autoridades competentes, Jesurún se encontraría inhabilitado de forma absoluta para encarar este nuevo periodo, lo que invalidaría su actual posición y la de la junta directiva que lo acompaña, generando un vacío de poder y la necesidad de nuevas elecciones.

La polémica escala a niveles gubernamentales y adquiere una dimensión aún mayor debido a que el Cúcuta Deportivo también puso en evidencia una alarmante contradicción en el proceder del Ministerio del Deporte, la entidad encargada de la supervisión y control del deporte en el país. El club señala que la propia cartera ministerial había respaldado y ratificado esta misma interpretación jurídica del artículo 21 de la Ley 1228 de 1995 en rigurosos conceptos oficiales. Estos conceptos fueron emitidos durante los años 2024 y 2025, lo que demuestra una postura clara y consistente por parte del Ministerio en un pasado reciente, estableciendo un criterio jurídico sobre la aplicación de la norma.

Sin embargo, en un sorpresivo y abrupto giro de postura, y sin ofrecer ninguna explicación técnica o legal que justificara el cambio de criterio, el Ministerio del Deporte avaló e inscribió la nueva postulación de Ramón Jesurún. Esta acción ha desatado un fuerte debate público sobre la rigurosidad en los controles que ejerce el Ministerio sobre las federaciones deportivas y la coherencia de sus decisiones.

La falta de una justificación clara para este cambio de parecer ha generado incertidumbre y cuestionamientos sobre la independencia y la aplicación uniforme de la ley en el ámbito del deporte asociado colombiano. La resolución de este recurso tendrá implicaciones significativas para la gobernanza del fútbol en el país y sentará un precedente importante en la interpretación de la legislación deportiva, afectando potencialmente a otras federaciones y organismos deportivos nacionales.