Demandas cuestionan nombramiento del ministro de la Igualdad por incumplimiento de ley de cuotas

El nombramiento de Juan Carlos Florián como Ministro de la Igualdad abrió un debate jurídico y político por el posible incumplimiento de la paridad de género en el gabinete presidencial.

Dos acciones legales interpuestas ante el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca buscan anular el decreto 0892 del 11 de agosto de 2025, mediante el cual se oficializó su designación.

Florián, politólogo y activista Lgbtq, asumió el cargo en reemplazo de Carlos Rosero. Sin embargo, su ingreso redujo la participación femenina en el gabinete a nueve mujeres frente a diez hombres, un 47,37% frente al 52,63%, por debajo del mínimo legal del 50% establecido en la Ley 2424 de 2024, que modificó la Ley de Cuotas, y en el Decreto 859 de 2025 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública.

Los demandantes, el ciudadano Juan Manuel López Molina y la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, sostienen que con la designación se consolidó un déficit de representación femenina en los ministerios, lo que configura un incumplimiento legal. En su argumentación, señalan que “para cumplir con la cuota de género del 50% exigida, se necesitaría que al menos 10 de los 19 cargos fueran ocupados por mujeres”.

El antecedente inmediato de esta controversia se remonta al nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, que también fue cuestionado por romper el equilibrio de género en el gabinete. Según Juvinao, el Ejecutivo ya estaba en situación de incumplimiento antes de la llegada de Florián y no corrigió el déficit con su designación. En 2022, el Consejo de Estado anuló nombramientos del gobierno de Iván Duque bajo argumentos similares, lo que refuerza la expectativa sobre el desenlace judicial actual.

Florián, que prefiere ser tratado en femenino, explicó en una entrevista que esa es su forma de reconocerse: “Yo no soy gay, soy una m…ca, y por eso hablo en femenino”. Recordó que inició su trayectoria en la Secretaría de Integración Social de Bogotá como primera subdirectora para asuntos LGBT, lo que le permitió establecer vínculos con el hoy presidente Gustavo Petro. Tras su paso por la administración distrital, vivió en el extranjero y desempeñó distintos trabajos antes de su retorno a la gestión pública.

En sus declaraciones también defendió los derechos laborales de quienes ejercen trabajo sexual y de las personas vinculadas a la industria del entretenimiento para adultos, así como la importancia de no estigmatizar a quienes viven con VIH, condición que ha hecho pública desde hace más de dos décadas. Afirmó que portar el virus no afecta sus capacidades ni la idoneidad para desempeñar funciones de alto nivel en el Estado.