La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a pronunciarse públicamente contra la administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, en medio de la presión internacional que enfrenta el gobierno interino tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
En un acto político realizado en Caracas, Rodríguez cuestionó lo que describió como injerencias externas en la política venezolana y reiteró su llamado a un proceso de diálogo interno sin intermediación extranjera.
Durante una movilización chavista, Rodríguez afirmó que los asuntos políticos del país deben resolverse dentro del territorio nacional y sin directrices provenientes del exterior. En su intervención, insistió en que el diálogo debe darse entre actores venezolanos y bajo parámetros definidos por instancias nacionales. Señaló que las diferencias políticas deben tramitarse mediante espacios de discusión interna y con respeto entre sectores con posturas distintas.
Las declaraciones se producen mientras Estados Unidos mantiene una vigilancia activa sobre la transición política en Venezuela. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo recientemente que la administración Trump contempla un levantamiento gradual de sanciones y que ese proceso estaría condicionado al desarrollo de elecciones consideradas libres y justas. En esas afirmaciones, Bessent aseguró que los dirigentes venezolanos acatarían las decisiones adoptadas por el gobierno estadounidense.
Rodríguez respondió a esos señalamientos indicando que Venezuela no acepta órdenes externas y que el gobierno interino responde únicamente a decisiones internas. También se refirió a la posibilidad de mantener relaciones con Estados Unidos, siempre que, según expresó, se basen en principios de respeto a la legalidad internacional y a la soberanía del país.
En paralelo al discurso político, el gobierno interino ha impulsado medidas económicas relacionadas con el sector energético. Rodríguez anunció el avance de un proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo de aumentar la producción de petróleo y gas mediante una mayor participación de inversión privada.
Durante un encuentro con empresarios transmitido por la televisión estatal, señaló que la meta es incrementar la inversión en el sector en un 55% para 2026 y convertir a Venezuela en un productor de mayor escala, apoyado en acuerdos internacionales.
El giro diplomático posterior a la captura de Maduro también incluyó anuncios sobre la liberación de personas detenidas por razones políticas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que se han concretado más de 800 excarcelaciones desde finales de 2025.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal han reportado cifras distintas y han señalado que continúan verificando los casos, mientras centenares de personas permanecerían privadas de la libertad.
Familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos han solicitado mayor claridad sobre los procesos de excarcelación y la publicación de información verificable. En ese contexto, Provea reiteró su llamado a revisar el estado de conmoción vigente, al advertir que las restricciones impuestas continúan afectando derechos civiles y políticos.
Las declaraciones de Rodríguez, el debate sobre las sanciones y la agenda energética, así como el proceso de liberaciones, se desarrollan en un escenario marcado por la reconfiguración del poder político en Venezuela y por la atención permanente de la comunidad internacional sobre el curso de la transición.
