Defensoría del Pueblo pidió estabilidad en la Unidad para las Víctimas y respuestas del Gobierno por presuntos hechos de corrupción

La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno nacional a garantizar estabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas, a responder los cuestionamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción y a asegurar una adecuada implementación de la política pública de víctimas.

En un pronunciamiento fechado el 26 de enero de 2026, la entidad alertó sobre la inestabilidad que persiste en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en sus dependencias. Según informó, el pasado viernes fue declarado insubsistente el director general de la entidad, en medio de diversas denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.

La Defensoría señaló que entre 2022 y 2026 la Presidencia de la República ha designado, en propiedad y en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General de la Unidad para las Víctimas. De acuerdo con la entidad, esta situación ha afectado la continuidad institucional y el avance de los procesos estructurales de la política pública de víctimas.

En el documento, la Defensoría del Pueblo indicó que observa con preocupación los hechos que han sido informados por los medios de comunicación y que están relacionados con presuntos actos de corrupción. Según el pronunciamiento, estas situaciones, “de ser ciertas, exigen una atención inmediata y respuestas claras por parte del Gobierno nacional, así como la intervención de los organismos de control competentes”.

En ese contexto, la entidad reiteró su llamado al Ejecutivo y señaló que “la Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a dar respuesta a los cuestionamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción”.

La Defensoría también destacó que la estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema de atención y reparación resultan fundamentales para impulsar las medidas en favor de la población víctima del conflicto. Según el documento, este universo “representa aproximadamente el 20% de la población del país”, en especial las personas priorizadas por el CONPES de Soluciones Duraderas y por la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.

El pronunciamiento concluye con un llamado a asegurar que la política pública de víctimas se implemente de manera adecuada, en un contexto de estabilidad institucional y con respuestas claras frente a los señalamientos conocidos públicamente.