Defensora del Pueblo critica a Petro: “¿Cómo confiar en gestores de paz que fueron gestores de guerra?”

La decisión del presidente Gustavo Petro de designar a 18 ex jefes paramilitares como gestores de paz ha generado un fuerte rechazo, siendo la defensora del Pueblo, Iris Marín, una de las voces más críticas frente a esta polémica medida.

En un contundente pronunciamiento, Marín cuestionó la idoneidad de convertir a los máximos responsables de crímenes atroces en referentes de la construcción de paz.

“Si queremos que quienes cometen crímenes hoy dejen de delinquir por los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado. Se lo debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy”, señaló la Defensora, poniendo sobre la mesa la responsabilidad histórica de quienes han encabezado grupos armados ilegales.

Una lista que despierta indignación

La resolución emitida por el Ejecutivo incluye nombres que evocan los capítulos más oscuros de la violencia en Colombia: Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’; Hernán Giraldo; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; y Herbert Veloza, alias ‘HH’. Todos ellos, antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), enfrentaron procesos judiciales por crímenes de guerra y lesa humanidad bajo la Ley de Justicia y Paz.

Sin embargo, la Defensora recordó que varios de estos ex comandantes fueron excluidos de este marco legal por reincidir en actividades delictivas. “Entre los nuevos gestores hay máximos responsables de crímenes cometidos por el paramilitarismo, condenables no solo en el ámbito interno sino en el internacional.

No pueden ser referentes morales de la construcción de paz en el país”, afirmó Marín, aludiendo al daño irreparable causado por estos exparamilitares a miles de víctimas.

Una política de paz bajo escrutinio

La inclusión de los ex jefes paramilitares en el marco de la “Paz Total” se perfila como uno de los movimientos más controvertidos de la administración Petro. Según el Gobierno, estos nombramientos buscan abrir la décima mesa de negociación, un paso considerado clave en su ambiciosa agenda de pacificación.

No obstante, para la Defensora, cualquier avance en este sentido debe estar acompañado de garantías claras y verificables. “Sería conveniente que la gestoría se desarrolle con base en un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo, para evitar cualquier riesgo que desvíe la labor que se les solicita”, subrayó.

La controversia no se limita a la idoneidad de los designados. También reabre heridas entre las víctimas del paramilitarismo, quienes ven esta decisión como una afrenta a la memoria y la justicia. “¿Cómo confiar en quienes han sido gestores de guerra?”, cuestionó Marín, evidenciando la fractura entre las aspiraciones de paz del Gobierno y las expectativas de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado.

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