David Luna cuestionó nuevo proyecto de reforma tributaria y propuso congelamiento del gasto
Mientras avanza la discusión sobre el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el año 2026, el exsenador y precandidato presidencial David Luna presentó una serie de críticas al aumento proyectado y al planteamiento de una nueva reforma tributaria.
Mientras avanza la discusión sobre el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el año 2026, el exsenador y precandidato presidencial David Luna presentó una serie de críticas al aumento proyectado y al planteamiento de una nueva reforma tributaria.
Según el exministro, el Gobierno Nacional estaría buscando que el Congreso niegue la ley para luego adoptar medidas unilaterales.
La propuesta presupuestal del Ejecutivo asciende a $557 billones, con un incremento de $46 billones frente a la de 2025. De este total, $302, billones serían financiados con impuestos y el resto con recursos de capital, deuda pública y una nueva reforma tributaria por $26,3 billones, según documentos oficiales.
Luna, a través de un hilo en X, el excongresista expuso sus reparos al presupuesto propuesto por el presidente Gustavo Petro y señaló inconsistencias entre lo proyectado por el Ministerio de Hacienda en meses anteriores y la cifra final presentada.
En ese sentido, Luna cuestionó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmando que en anteriores declaraciones el funcionario había prometido un presupuesto inferior y una política de contención del gasto. No obstante, el proyecto presentado plantea una expansión superior a la anticipada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El precandidato también hizo observaciones sobre el origen de los recursos, indicando que los ingresos totales proyectados no cubrirían el monto total de los gastos. Según sus cifras, mientras los ingresos llegarían a $317 billones, el presupuesto propuesto es de $557 billones. Luna advirtió que ninguna reforma tributaria podría compensar esa diferencia.
En su intervención, Luna también planteó una hipótesis sobre el curso que podría tomar el Ejecutivo en caso de no lograr la aprobación del Congreso. Según su lectura, el Gobierno buscaría que tanto el presupuesto como la ley de financiamiento sean negados, para luego aplicar el presupuesto por decreto y atribuir al Congreso la responsabilidad de cualquier incumplimiento en la ejecución del plan de gobierno.
Como alternativa, Luna propuso un paquete de medidas centrado en la austeridad fiscal. Entre sus propuestas está el congelamiento del crecimiento del gasto por cuatro años, limitándolo a la inflación proyectada. También sugirió auditar el presupuesto de las diez entidades con mayor participación en el gasto público, responsables del 80 % del total nacional. Según sus cálculos, este ajuste representaría un ahorro de hasta $16,8 billones.

La segunda línea de acción planteada por Luna se enfoca en una revisión transversal de las partidas de gasto, poniendo especial atención en los rubros de personal, adquisición de bienes y servicios, y transferencias. El exministro aseguró que algunos incrementos se encuentran por encima del promedio general, por lo que una corrección en esas áreas podría significar ahorros significativos.

Otro punto de su propuesta se relaciona con la recuperación del grado de inversión del país, el cual, en su criterio, debe ser un objetivo central. Para lograrlo, propuso la creación de una brigada técnica encargada de gestionar las condiciones necesarias para mejorar la calificación crediticia de Colombia.

En materia de eficiencia en el uso de los recursos públicos, Luna sugirió implementar un modelo de “presupuesto por resultados”, donde la asignación presupuestal a las entidades del Estado esté condicionada al cumplimiento de metas verificables. También mencionó la posibilidad de emplear instrumentos como los Bonos de Impacto Social, con pagos atados a indicadores específicos como la reducción de la pobreza.

Por último, Luna hizo referencia a las alianzas público-privadas como una herramienta válida para ejecutar proyectos de infraestructura y desarrollo social. Destacó que actualmente existe un cupo de $1,1 billones para proyectos de obras por impuestos, con más de 140 empresas interesadas en participar. A su juicio, este tipo de esquemas puede representar una alternativa para lograr resultados concretos sin recurrir a nuevas cargas impositivas.


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