Daniel Quintero devolvió los nueve vehículos a la Alcaldía de Medellín, ¿habrá sanciones?

Después de las denuncias públicas que hizo el concejal de Medellín, Alfredo Ramos Maya, sobre el presunto uso indebido de nueve vehículos pertenecientes a la Alcaldía de la ciudad, por parte de Daniel Quintero Calle, su esposa Diana Osorio y el mayor Sergio Andrés Yepes, al parecer los carros fueron devueltos y ya estarían en los parqueaderos del Distrito.

La denuncia desató una ola de críticas y controversias en Medellín por el presunto uso inapropiado que estaría haciendo Daniel Quintero de los recursos público sin ser funcionario público. Por lo que la ciudadanía inició una serie de veeduría y «seguidilla» a la situación desde el pasado 1 de octubre.

«Lo logramos: Quintero, Diana Osorio y el mayor Yepes, después de un mes de abusos, tuvieron que devolver los nueve carros y dos motos por tener todos los ojos de la ciudad encima. Si no hay denuncias, allá seguirían orondos usándolos», anunció Alfredo Ramos.

El concejal Ramos aseguró que cuatro de esos vehículos estaban en los sótanos de La Alpujarra mientras que otros cinco estaban guardados en otros estacionamientos, bajo el control de la Alcaldía de Medellín.

«Cuatro los tienen acá, en el sótano (de La Alpujarra) y dejaron los otros en otros parqueaderos. Ya están al servicio de la Alcaldía de Medellín y espero que estén rápidamente funcionando para lo que deben ser los vehículos oficiales, para el servicio de los ciudadanos», agregó el corporado en una intervención en el Concejo de la ciudad.

Reacción de Quintero Calle

Es importante recordar que estos nueve vehículos le habían sido asignados como parte del esquema de seguridad al entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien, según voces críticas, debió devolverlos al momento de renunciar a su mandato.

Ante la publicación de esta noticia, sobre la devolución de los nueve vehículos, Daniel Quintero arremetió contra la prensa y contra el concejal Alfredo Ramos, calificándolos de «mentirosos» y asegurando que los vehículos habían pasado «a manos de la policía» mientras la UNP resolvía su situación de protección. Incluso, Quintero calificó de «sospechoso» el que presuntamente sus opositores quieran generarle «vacíos de protección».

«Ahora dicen que aparecieron las camionetas. Descarados y mentirosos. Otra de las falsas noticias que promovieron ustedes. Los vehículos de protección pasaron a manos de la policía desde el día uno que dejé mi cargo a pesar de que la ley obliga a la última entidad pública a mantener el esquema de seguridad por tres meses hasta que la UNP asuma la responsabilidad. Es sospechoso el interés de ustedes y del hijo de Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica e imputado por Hidroituango, para que tengamos vacíos de protección», acusó el cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

En espera de respuestas

Al consultar con la Procuraduría y la Contraloría de Medellín sobre si había alguna investigación de oficio por esta presunta irregularidad y si cabría algún tipo de sanción, respondieron que iban a indagar sobre el tema debido a que suelen iniciarse muchos procesos de vigilancia para determinar si en el caso particular, hay alguna. Sin embargo, al momento de publicar este informe todavía no había una respuesta por parte de las entidades de control.

No obstante, vale anotar que según fuentes al interior de la Policía cuando un funcionario público abandona su cargo, por prevención, el esquema de seguridad que tenía asignado mientras ejercía el cargo pasa a acompañarlo por un período de tiempo mientras la Unidad Nacional de Protección determina si es necesario mantenerle o no dicho esquema, que podría incluir los vehículos blindados o corrientes y demás elementos técnicos necesarios para la preservación de la vida de la persona objeto de protección.

A esto último, tal vez, hace referencia Quintero Calle cuando asegura que «los vehículos de protección pasaron a manos de la policía desde el día uno que dejé mi cargo a pesar de que la ley obliga a la última entidad pública a mantener el esquema de seguridad por tres meses hasta que la UNP asuma la responsabilidad».