Daniel Briceño solicitó al CNE investigar presunto uso indebido de recursos en campaña del Pacto Histórico

El candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Daniel Briceño, presentó una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se investigue una presunta vulneración al régimen de financiación de campañas electorales relacionada con el uso de recursos en un evento político.

En el documento radicado el 2 de marzo de 2026, Briceño pidió la apertura de una investigación administrativa y la eventual imposición de sanciones contra César Giovanny Abadía Rojas, gerente de campaña del Pacto Histórico en Bogotá, por una posible irregularidad en el manejo de recursos.

Según el candidato, los hechos se originan en una publicación realizada el pasado 28 de febrero en la red social X por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal Rojas, quien hizo pública una factura electrónica correspondiente a un evento político.

En dicha publicación, Carrascal señaló: “Primero: No era el cierre de campaña de Iván. Su campaña apenas comienza. Era el cierre de la campaña a la Cámara por Bogotá. (…)
Tercero: Sí, la empresa productora fue la misma del evento del jueves, pero son dos contratos distintos. El evento de la lista a la Cámara fue contratado directamente por la campaña. En nuestro evento no hubo un solo peso de recursos públicos. Así que cuidado con insinuar lo que no puede probar”.

Para Briceño, esta información podría indicar que el evento habría sido financiado por fuera de los canales oficiales establecidos para campañas electorales.

En su solicitud, el aspirante del Centro Democrático pidió que el CNE verifique si el pago del evento —cuyo valor aproximado sería de 478 millones de pesos— “fue realizado por fuera de la cuenta única de campaña”.

Asimismo, solicitó que se determine si esta conducta podría constituir una violación al régimen de financiación electoral y al artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, que regula la administración de recursos de campaña.

El documento también señala que, en caso de comprobarse irregularidades, se impongan las sanciones correspondientes conforme al régimen de control del financiamiento político.

La petición se enmarca en el ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.