Curules de paz reclaman al Gobierno: Falta de inversión en territorios afectados y advirtieron sobre el deterioro de la seguridad

Un grupo de 16 representantes a la Cámara elegidos por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) hizo público un comunicado en el que denuncia el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en el marco de la implementación del Acuerdo Final de 2016.

En el documento, firmado el 16 de junio de 2025 y divulgado este miércoles 18 de junio, los congresistas expresan su preocupación por el agravamiento de la situación humanitaria y la persistencia de condiciones críticas en varias regiones del país.

Según la declaración, los territorios más golpeados por el conflicto armado siguen enfrentando una ausencia de inversión estatal, especialmente en las zonas PDET y ZOMAC. En ese contexto, las curules de paz afirman que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial no han recibido los recursos prometidos y se encuentran desfinanciados. También advierten sobre la falta de ejecución en proyectos de infraestructura, acceso a salud, educación y conectividad, lo que ha profundizado la crisis en comunidades rurales, étnicas y campesinas.

“El Alto Comisionado para la Paz y las entidades responsables de la implementación del Acuerdo han fallado en brindar respuestas efectivas a las crisis humanitarias registradas”, señalan los congresistas en el documento. Indican que la centralidad de las víctimas, definida como piedra angular del Acuerdo, ha sido desdibujada por una desconexión institucional y una incapacidad estructural para garantizar seguridad, justicia, reparación y no repetición.

El pronunciamiento se da en un momento en que el Ejecutivo continúa avanzando con su política de paz total, la cual ha implicado diálogos con distintos actores armados ilegales. No obstante, desde las curules de paz se afirma que estos procesos no han generado una mejora palpable en los territorios, donde persisten las amenazas, los desplazamientos forzados, las restricciones a la movilidad, las acciones armadas contra la población civil y el reclutamiento de menores.

“Mientras en Bogotá se repite el eslogan de la ‘Paz Total’, en departamentos como Cauca, Arauca, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Nariño, Putumayo, Chocó y otros, la realidad es otra”, señala el texto. Los firmantes denuncian que grupos armados continúan ejerciendo control sobre extensas zonas, desarrollando economías ilegales y perpetrando acciones violentas sin una respuesta efectiva por parte del Estado.

En la parte final del comunicado, los representantes solicitan “la intervención y protección inmediata de los derechos de la población civil” y exigen acciones concretas frente a la vulneración persistente de las comunidades. “Pedimos respuestas estructurales, inmediatas y contundentes”, manifiestan. Además, advierten que reconsiderarán su respaldo al Gobierno nacional si no se observa un cambio en su política de implementación del Acuerdo, en la estrategia frente a las drogas y en las acciones orientadas a la construcción de paz.

Las curules de paz fueron creadas en cumplimiento del punto 2 del Acuerdo de Paz de La Habana y buscan garantizar representación directa en el Congreso para las comunidades afectadas por el conflicto. Esta es la primera vez que, de forma conjunta, los representantes de estas circunscripciones emiten una advertencia formal dirigida al Ejecutivo, señalando la urgencia de que las decisiones de política pública se traduzcan en transformaciones reales en los territorios más afectados.

El documento, firmado por todos los congresistas integrantes de estas curules, reitera el llamado al Gobierno para que priorice el cumplimiento integral del Acuerdo y evite que las promesas de paz se conviertan en una declaración simbólica sin impacto en las regiones.

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