Críticas y cuestionamientos tras condena de siete años al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

El pasado 27 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el menor de edad señalado como autor material del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue condenado a siete años de privación de la libertad.

La sanción fue impuesta por un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), luego de que el procesado aceptara cargos durante la audiencia de acusación. Según el fallo, el joven permanecerá en un centro de atención especializada bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La Fiscalía destacó que la decisión se adoptó tras la valoración de pruebas y la aceptación voluntaria de responsabilidad por parte del procesado.

La noticia generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y sociales. Andrés Barrios Bernal, concejal de Bogotá y amigo cercano de Uribe Turbay, quien estuvo presente en el momento del atentado, cuestionó la sanción.

A través de su cuenta en X manifestó que la decisión “produce vergüenza y dolor”, al considerar que la pena no corresponde a la gravedad del hecho. También señaló que el gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene un enfoque permisivo frente a la criminalidad, lo que, en su opinión, incentiva la repetición de estos actos.

El abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia de Uribe Turbay, señaló que, dentro del marco legal vigente, la sanción es una de las más altas impuestas a un menor de edad en Colombia. Sin embargo, advirtió que la pena de 84 meses no compensa el daño causado ni responde a las expectativas de justicia de los allegados. Mosquera también criticó la Ley de Infancia y Adolescencia, que establece un tratamiento diferenciado para menores involucrados en delitos graves.

El partido Centro Democrático, al que pertenecía el senador asesinado, rechazó la decisión judicial. Su director, Gabriel Vallejo, calificó la sanción como irrisoria y advirtió que envía un mensaje equivocado sobre la eficacia del sistema judicial. En una declaración pública sostuvo que este tipo de fallos “revictimizan” tanto a la familia de Uribe Turbay como al país en general.

En la misma línea, el representante Óscar Villamizar reiteró la necesidad de modificar la legislación vigente para que los responsables de homicidios sean juzgados con las mismas reglas, sin importar su edad. Insistió en que el proyecto de ley que ha venido promoviendo el Centro Democrático busca evitar que casos similares concluyan en sanciones que, a su juicio, no corresponden a la magnitud de los delitos.

La condena al menor responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, se suma a la discusión sobre la efectividad del SRPA y el debate en torno a la proporcionalidad de las sanciones para adolescentes implicados en crímenes graves.

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