Coronel y dos exfuncionarios de MinDefensa no aceptaron cargos por escándalo de contratos de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con un contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17, cuyo valor, según la entidad, ascendía a cerca de 32 millones de dólares.

Los procesados fueron el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo, el exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera, Diego Alejandro Manrique Cabezas, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, integrante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024, cuando presuntamente se direccionó de manera irregular el proceso contractual destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército.

Según la Fiscalía, el coronel Rincón Ricaurte, quien se desempeñaba como gerente del proyecto, habría refrendado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado sin soporte alguno que la compañía Vertol Systems Company contaba con experiencia e idoneidad técnica.

Esto, según mencionó el ente investigador, pese a que el comité evaluador descartó a ese oferente; asimismo, se le señaló de intervenir para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la verdadera capacidad económica del contratista.

Por su parte, se conoció que Manrique Cabezas habría participado en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y modificado los requisitos financieros habilitantes, permitiendo la aprobación de una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente.

En cuanto a Mora Tamayo, la Fiscalía indicó que, pese a conocer las irregularidades del proceso y el incumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año.

Posteriormente, autorizó la modificación de la forma de pago, viabilizando un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.

Pero se aclaró que, aunque el contrato no podía ejecutarse debido a los incumplimientos del proveedor, el anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025.

Por lo cual, de la totalidad del contrato, el contratista solo ejecutó actividades por aproximadamente 2,6 millones de dólares y, hasta la fecha, no se ha reintegrado al Ministerio de Defensa el saldo restante, que se valora es superior a 13 millones de dólares, pese a la declaratoria formal de incumplimiento.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los tres investigados, según su presunta responsabilidad individual, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación, pero ninguno de los cargos fue aceptado.

Cabe recordar que el caso se originó por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato que fue suscrito para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, cuyo valor, como se mencionó antes, ascendía a más de 30 millones de dólares.

Según se expresó en su momento, el acuerdo fue celebrado entre el Ministerio de Defensa y la empresa estadounidense Vertol Systems Company, con el objetivo de garantizar la operatividad de estas aeronaves estratégicas para la Fuerza Pública.

Las investigaciones señalaron que, pese a la magnitud del anticipo, el contratista solo ejecutó actividades valoradas en una cifra mucho menor a la entregada y, tras la declaratoria formal de incumplimiento por parte del Ministerio de Defensa, no se ha reintegrado el saldo restante, lo que habría generado una afectación significativa al patrimonio público.

En el marco de este proceso, un juez de control de garantías legalizó la captura de Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.

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