Las estrategias legales para detener el proceso abierto en el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro y su entorno cercano han encontrado obstáculos significativos en los tribunales.
Este martes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá rechazó una acción de tutela presentada por Óscar Felipe Agudelo, quien argumentaba que los magistrados del CNE estaban actuando en contra del Estado de derecho y solicitaba su destitución.
La demanda, que también buscaba que se compulsaran copias a la Comisión de Acusación de la Cámara por presunto prevaricato y abuso de poder por parte de los magistrados, fue desestimada. El Tribunal consideró que Agudelo carecía de legitimidad para presentar la tutela en nombre del Presidente, destacando que la acción de tutela está destinada a la protección de derechos personales que realmente afecten al accionante. En este caso, según el Tribunal, no había evidencia de que Agudelo estuviera directamente afectado por el proceso.
La resolución del Tribunal reafirma que la defensa en este proceso debe venir directamente de los implicados, es decir, del presidente Petro y los miembros de su campaña. Esta no es la única tutela fallida en los últimos días; incluso Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y figura clave de la campaña, presentó una solicitud similar, también denegada por la justicia, que le recordó que su defensa debe seguir los canales ordinarios ante el CNE.
Por otro lado, el CNE ha mantenido su postura firme. Tras vencer el plazo de notificación para Petro y otros miembros de la campaña el pasado 28 de octubre, el organismo electoral envió la resolución de cargos de manera digital, dando inicio formal a un proceso que obliga a los implicados a responder en un plazo de 15 días. La investigación en curso apunta a presuntas violaciones de los topes electorales permitidos, al parecer excedidos por un monto de $5.300 millones de pesos, según las denuncias que investiga el CNE.
Este proceso, de alto perfil y con implicaciones políticas, ha intensificado las tensiones entre el gobierno y el sistema judicial, mientras los recursos legales presentados por aliados de Petro para detener el curso de la investigación parecen no prosperar. La administración actual y sus asesores se encuentran en la encrucijada de responder al proceso sin el apoyo de las tutelas que se esperaban podrían frenar o dilatar el curso de las investigaciones.
