Confirmaron medida de aseguramiento contra César Manrique por caso UNGRD

El Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento impuesta contra César Manrique dentro del proceso que investiga presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión se adoptó al resolver el recurso de apelación presentado contra la providencia que ordenó su detención preventiva. Con esta determinación queda en firme la orden de captura internacional emitida en su contra.

Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, permanece prófugo y cuenta con notificación roja de Interpol, publicada por la Secretaría General con sede en Lyon, Francia, el 25 de agosto de 2025.

La medida de aseguramiento había sido decretada inicialmente el 29 de julio de 2025 por el Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, a solicitud de la Fiscalía. En esa oportunidad, el despacho consideró que existían elementos de prueba que vincularían a Manrique y a otros procesados con delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos y falsedad en documento público y privado.

La decisión del Juzgado 11 también cobija a otras siete personas vinculadas al expediente. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos estarían relacionados con la presunta desviación de recursos públicos a través de contratos celebrados por la UNGRD.

Uno de los ejes del proceso corresponde a un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras por un monto cercano a los $100.000 millones de pesos. De acuerdo con la imputación, Manrique habría intervenido en la gestión y modificación de dicho acuerdo, con el propósito de direccionar contratos financiados con esos recursos hacia terceros previamente definidos.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, señaló en audiencia que entre enero y marzo de 2024 el exfuncionario habría obtenido un provecho ilícito de $3.000 millones de pesos, presuntamente derivados de pagos asociados a un contrato suscrito entre la UNGRD y la Corporación Yapurutú para la adquisición de 40 carrotanques.

En el expediente también se menciona la participación de otros actores, entre ellos el abogado y empresario Édgar Eduardo Riveros Rey, señalado como intermediario en la presunta articulación entre intereses privados y funcionarios públicos.

La Fiscalía sostiene que los recursos involucrados provendrían del presupuesto nacional y que los contratos habrían sido utilizados para canalizar pagos irregulares. En ese contexto, a Manrique se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Con la confirmación de la medida de aseguramiento y la vigencia de la circular roja, las autoridades continúan con las labores de ubicación y captura del exfuncionario, mientras el proceso judicial avanza en etapa de juzgamiento.