(OPINIÓN) Todavía hay jueces en Berlín. Por: María Clara Posada

Conversando con algunos colegas sobre el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, en el que se protegen los derechos del presidente Álvaro Uribe y se ordena a la juez 44 firmar la boleta de libertad inmediata; el expresidente de la Corte Constitucional y extraordinario jurista, Rodrigo Escobar, pronunció una frase que resonó como bálsamo entre quienes tenemos formación de abogados: Todavía hay jueces en Berlín.

Y sí, la decisión del Tribunal devuelve un poco la fe en la justicia, no porque dé cuenta de que a Uribe se le hayan protegido desde un inicio todas sus garantías, sino, por lo contrario: porque recuerda que, pese a la aturdidora vulneración de su debido proceso, aún quedan jueces justos que ennoblecen su oficio y honran la majestad de la toga. Como en la anécdota del molinero que enfrentó en los estrados a Federico el Grande, la tutela del tribunal reafirma que existen jueces dispuestos a defender el derecho frente al poder.

El Grupo de los 38, que agrupa a más de setenta juristas de distintos orígenes y tendencias ideológicas, lo había anticipado: dado el precedente jurisprudencial abundante en la materia, y la actitud irreprochable del presidente Uribe frente a la justicia, resultaba jurídicamente imposible ordenar su captura inmediata. Sin embargo, la juez 44, en medio de comentarios sarcásticos, risillas fuera de lugar y alusiones ofensivas contra el expresidente y su familia, dispuso la detención, inaugurando con ello un fallo que parecía propio del “derecho penal del enemigo”: esa doctrina perversa según la cual ciertos individuos, considerados “enemigos del Estado”, no gozan de las mismas garantías procesales que el resto de los ciudadanos.

Ante semejante vulneración, la defensa encabezada por el Doctor Jaime Granados acudió a la acción de tutela, como mecanismo para preservar la salud de las garantías procesales y en últimas, del Estado de derecho. El martes, el Tribunal respondió, y lo hizo con una sentencia que será referencia ineludible para nuestra historia jurisprudencial.

El Grupo de los 38, que agrupa a más de setenta juristas de distintos orígenes y tendencias ideológicas, lo había anticipado: dado el precedente jurisprudencial abundante en la materia, y la actitud irreprochable del presidente Uribe frente a la justicia, resultaba jurídicamente imposible ordenar su captura inmediata. Sin embargo, la juez 44, en medio de comentarios sarcásticos, risillas fuera de lugar y alusiones ofensivas contra el expresidente y su familia, dispuso la detención, inaugurando con ello un fallo que parecía propio del “derecho penal del enemigo”: esa doctrina perversa según la cual ciertos individuos, considerados “enemigos del Estado”, no gozan de las mismas garantías procesales que el resto de los ciudadanos.

Ante semejante vulneración, la defensa encabezada por el Doctor Jaime Granados acudió a la acción de tutela, como mecanismo para preservar la salud de las garantías procesales y en últimas, del Estado de derecho. El martes, el Tribunal respondió, y lo hizo con una sentencia que será referencia ineludible para nuestra historia jurisprudencial.

Tercero, el tribunal advirtió que confundir una medida preventiva con una sanción penal equivale a anular la presunción de inocencia que se conserva incólume hasta que la sentencia esté en firme. Privar de la libertad a alguien con fines ejemplarizantes no solo es desproporcionado: es, según el artículo 28 de la Carta Magna, inconstitucional. Y cuarto, recordó que el ejercicio legítimo de la defensa, incluyendo la interposición de recursos y tutelas, no puede degradarse con ligereza bajo la etiqueta de “estrategia dilatoria”. Defenderse es un derecho, no una artimaña.

Este desenlace, como se insinuó al principio, no significa que Uribe haya visto protegidas sus garantías a lo largo de este tortuoso montaje. Significa que, frente a los excesos y vulneraciones de la juez de primera instancia, la justicia corrigió y devolvió el proceso al marco del derecho. La tutela se convierte, por tanto, en doble testimonio: evidencia de la persecución judicial a la que ha sido sometido el expresidente y confirmación de que todavía existen jueces dispuestos a aplicar la ley con rigor, incluso frente al ruido político.

La historia no termina aquí. Lo que sigue dependerá de la Sala que resuelva la apelación. Si actúa conforme a su mandato constitucional, deberá despojarse de cualquier sesgo ideológico y resolver con estricto apego al derecho absolviendo al presidente. La legitimidad de la justicia colombiana depende de que sus jueces comprendan que no son activistas, sino guardianes de las garantías ciudadanas.

Posdata: La absolución de Diego Cadena en dos de los cargos que se le atribuían y la tutela a favor del presidente, constituyen pequeños triunfos de la justicia. En ambos casos, el derecho prevaleció sobre la consigna. Quizá por eso, vale la pena repetir con esperanza: todavía hay jueces en Berlín  y,  parece, todavía hay jueces en Colombia.