(OPINIÓN) Prueba de fuego a instituciones y ciudadanos. Por: Carlos Felipe Mejía Mejía

El atentado criminal contra Miguel Uribe es el preámbulo de lo que será un año electoral marcado por factores que pondrán a prueba las instituciones y la ciudadanía: violencia y enriquecimiento ilícito, producto de un gobierno que durante estos tres años ha fortalecido a sus aliados que lo llevaron al poder. Se puede corroborar con cifras y con el llamado «Pacto de la Picota», refrendado en el vergonzoso y desafiante acto de La Alpujarra en Medellín, donde confirmamos que la mal llamada “Paz Total”, es impunidad total para todos los criminales, y amenaza para quienes promuevan seguridad, orden y justicia, como Miguel Uribe, que hoy lucha por su vida en la Fundación Santa Fe.  

Petro sacó otra vez a relucir un “golpe de Estado” en su contra, pero esta vez los responsables son Francia Márquez y Álvaro Leyva… Qué tal el tamaño de la cortina de humo, para desviar la atención de los escándalos de su gobierno y su estadía en Manta, Ecuador con el narco “Fito”, hoy preso y pedido en extradición por los Estados Unidos. Todo esto en medio de su lenguaje de odio y violencia, su comportamiento autocrático y despótico, para intentar atornillarse al poder desconociendo el ordenamiento constitucional, demostrado con el “decretazo” y el anuncio de convocatoria a una Constituyente, asesorado por Montealegre, hoy flamante Ministro de Justicia, el mismo que ayudó a Santos a elevar a rango constitucional los acuerdos de La Habana, y a violar con una proposición en el Congreso el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, donde los Colombianos negamos esos acuerdos.

Así estamos: ELN, FARC y Clan del Golfo ampliaron su presencia de 255 a 400 municipios y sus combatientes de 13.000 a 20.000 desde la llegada del gobierno de la  “Paz Total”, y pasamos de 1.700 toneladas de clorhidrato de cocaína a 2.700 por año. Secuestros pasaron de 7 en promedio mensual en 2022, a 32 por mes en lo corrido de 2025. Las extorsiones pasaron de 4.564 en todo el año 2022 a 10.560 casos, solo en lo corrido de este año. Si a esto se agrega el enriquecimiento ilícito derivado de la corrupción y el abuso de poder de los más cercanos colaboradores del gobierno, de familiares, amigos y congresistas, involucrados en casos emblemáticos como el de la UNGRD, la financiación ilegal de la campaña denunciada por el propio hijo de Petro y su exesposa, las Ollas de La Guajira, el direccionamiento de contratos en Ecopetrol y el Ministerio de Salud, los sobrecostos en compras en la Agencia Nacional de Tierras, etcétera, etcétera; con una burocracia creciendo de forma exponencial y que tiene estas escandalosas cifras: en solo Contratos de Prestación de Servicios, el incremento es del 75% comparado con el gobierno anterior y el gasto total de funcionamiento estatal se incrementó en $80 billones respecto a 2022.

El atentado contra Miguel Uribe ha producido, como lo manifestara su padre: “Miguel, con su lucha, nos está demostrando que lo más importante en este país, es la seguridad, porque sin seguridad, no hay nada. Su ejemplo nos inspira: debemos pasar de la indignación a la acción”; la “Marcha del Silencio” en su honor y como repudio al atentado, ocho días después, fue multitudinaria en las principales ciudades; el Senado de la República se empleó a fondo y pudo hundir la Consulta Popular; el Registrador anunció que no convocaría la Consulta Popular hasta tanto no se pronunciaran las Cortes; el Consejo de Estado se pronunció y suspendió el decreto de la Consulta Popular; el Procurador advirtió que “no es con pataletas y papeletas, sino con elecciones”, refiriéndose al llamado de Montealegre a la Constituyente; la Corte Constitucional declaró inconstitucional la intervención por parte del gobierno de la EPS S

Las Fuerzas Armadas, las grandes sacrificadas en este gobierno, pero al final el gran soporte de nuestra democracia, han demostrado su lealtad a la Constitución y no dudarán en actuar en consecuencia, si las circunstancias así lo ameritan. Hay dos lunares graves, la fiscal Luz Adriana Camargo que tiene engavetados todos los procesos que involucran a Petro y su entorno, pero le mete el acelerador y distorsiona la verdad para pedir que condenen al gran líder de la oposición, el presidente Álvaro Uribe Vélez sin una sola prueba en su contra, y advierte imputación de cargos contra el gobernador de Antioquia, quien con firmeza ha enfrentado a Petro y la persecución a su departamento;   y la Cámara de Representantes y su Comisión de Acusaciones, entregados por mayorías a encubrir y apoyar al régimen.

En medio de tanta adversidad hay esperanza. Las Instituciones están cumpliendo. Si a eso sumamos la independencia demostrada por muchos medios de comunicación privados, y la creciente conciencia de la mayoría de Colombianos sobre la importancia de pasar esta penosa página de nuestra historia, pues muy seguramente esto nos lleve a transitar hacia un gran “Acuerdo Nacional Ciudadano” para elegir un gobernante que nos garantice: un país seguro en verdadera libertad y democracia; que respete la ley y la haga respetar; que sea ejemplo e inspiración por su comportamiento y liderazgo; que gobierne para todos con eficiencia y reduzca el tamaño del Estado; que quienes desempeñen cargos públicos lo hagan porque están preparados; y donde la corrupción sea perseguida y desterrada; y que la generación de riqueza a través del emprendimiento, la iniciativa privada, y la explotación responsable de nuestros recursos, sean el motor de prosperidad que permita derrotar la pobreza.

Resistamos, en 2026 volveremos a ver la luz si cada Colombiano hace lo que le corresponde, como pasó en 2002 con la llegada del “Estado Comunitario de Álvaro Uribe Vélez” y Colombia tuvo con la Seguridad Democrática, la Confianza Inversionista, la Cohesión Social, el Diálogo Popular y el Estado Austero y Eficiente, los ocho años de crecimiento, bienestar y reivindicaciones sociales, más grandes e importantes de la historia de nuestra Nación.