(OPINIÓN) No, Presidente. Por: Diana Calderon
Los funcionarios que hemos trabajado en el Ministerio de Salud no sobredimensionamos la UPC. Usamos datos, consultamos expertos y contrastamos cálculos para cumplir con nuestro deber como servidores públicos.
Los funcionarios que hemos trabajado en el Ministerio de Salud no sobredimensionamos la UPC. Usamos datos, consultamos expertos y contrastamos cálculos para cumplir con nuestro deber como servidores públicos.
La UPC y los presupuestos máximos financian la atención en salud de los colombianos, no a las EPS. Según la Constitución y la Ley, garantizar el financiamiento suficiente de los servicios de salud es una función del Estado y el mecanismo para hacer efectivo el derecho a la salud.
Un funcionario público tiene la responsabilidad de buscar datos, verificar, contrastar y ejercer sus funciones con rigor. Lo que está en juego es el acceso a la salud y el derecho a la vida de los colombianos. Hoy vemos lo contrario.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeEl manejo de la UPC 2025 por parte del actual gobierno es irresponsable. A la Comisión de Costos y Tarifas (Ministro de Salud, Ministro de Hacienda y Director de Planeación) le pareció inverosímil el aumento de costos y uso de servicios (en un contexto post-COVID y con una población envejecida). No hicieron ni el mínimo esfuerzo por verificar o contrastar con sus propias EPS intervenidas.
En cambio, produjeron un documento disque técnico para justificar un ajuste basado solo en la inflación, con la venia del director de la Adres y de asesores sin funciones ni experiencia. Además, usaron datos no comparables para sustentar una decisión que desconoce los criterios de progresividad del derecho a la salud establecidos en la Constitución y la Ley.
Lo curioso, Presidente, es que cuando pidieron presupuesto al Congreso sí les pareció válido proyectar la UPC muy por encima de la inflación. La Corte Constitucional ha sido clara durante más de 10 años: es obligación del Estado garantizar el financiamiento suficiente del derecho a la salud.
A la fecha, sus funcionarios solo han dado opiniones, mientras las EPS intervenidas siguen acumulando deudas y dejando pacientes sin atención. Cada día crecen las barreras para acceder a servicios de salud y recibir medicamentos.
¿Los colombianos enfermos que hoy sufren por sus decisiones no les duelen?

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