(OPINIÓN) No es solo un contrato: es la democracia la que está en juego. Por: Nicolás Albeiro Echeverry

Lo que está ocurriendo con el contrato de pasaportes no es un simple “lío contractual”, como pretende hacerlo ver el Gobierno.

Es el síntoma más reciente de una estrategia que busca debilitar la institucionalidad, alimentar el caos y poner en duda la logística electoral del país.

La renuncia de la canciller Laura Sarabia no es un hecho aislado: encaja perfectamente en ese patrón. Una decisión de semejante impacto no se toma de manera repentina ni sin cálculos políticos.

Menos aún cuando se trata de la cabeza de la entidad encargada de expedir millones de pasaportes y manejar la relación diplomática de Colombia en el mundo.

No es la primera vez que vemos este tipo de jugadas. Ya ocurrió con la Registraduría y la UGPP, entidades en las que se forzó el relevo de directivos para abrir espacio a operadores afines.

Hoy se repite la historia en la Cancillería, bajo el pretexto de una disputa jurídica que ya había sido resuelta por los tribunales.

El resultado es el mismo: desconfianza, parálisis administrativa, incertidumbre para los ciudadanos.

Las consecuencias ya se sienten: retrasos masivos en la entrega de pasaportes, migrantes atrapados en trámites y el riesgo real de que se convierta un servicio esencial en una herramienta de presión política.

Pero lo más grave no es el daño en el servicio, sino el impacto sobre la democracia. Si el Gobierno convierte cada entidad en un campo de ensayo para socavar la independencia institucional, estamos frente a una amenaza directa al orden democrático.

Exigimos que se respete el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se restablezca el contrato vigente hasta su vencimiento y que se garantice el derecho de los colombianos a recibir un servicio digno, oportuno y sin manipulación política.

Colombia no necesita más incertidumbre. Necesita instituciones estables, decisiones técnicas y transparencia en cada proceso.

Las elecciones de 2026 deben darse con garantías y reglas claras, no en medio de un ambiente contaminado por desconfianza.

La democracia está en juego. Y cuando se debilita la institucionalidad, se vulnera el derecho de todos.