(OPINIÓN) No es hora de correr riesgos. Por: María Clara Posada

La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el próximo 5 de septiembre, es mucho más que un trámite parlamentario: es el momento en que se definirá si la justicia servirá de contrapeso al Ejecutivo o si, por el contrario, se convertirá en su cómplice obediente.

El poder, rara vez se contenta con sus propios límites. Siempre busca expandirse, invadir lo que no le pertenece y colonizar espacios de autonomía para convertirlos en instrumentos dóciles. Por eso, desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha fijado su mira en la Corte Constitucional, consciente de que allí se juega la preservación o la ruina del equilibrio democrático.

En esa cruzada por hacerse a la justicia, el nombre de María Patricia Balanta, candidata afín al progresismo y cercana al oficialismo, ha empezado a cobrar relevancia. Con ella, el Gobierno alcanzaría la mayoría decisiva dentro del tribunal: cinco votos seguros de nueve. Esa cifra, que para muchos es una simple proporción, equivale en realidad a la posibilidad de alterar fallos trascendentales: desde la suerte de las reformas a la salud y pensiones, hasta tutelas cargadas de interés político, como la que seguramente se dará, en el caso de lawfare que sufre el expresidente Álvaro Uribe. Más aún, con una Corte alineada, Petro podría intentar abrir la puerta a los estados de excepción que sueña invocar para gobernar por decreto o para poner entorpecer la celebración de elecciones libres en 2026.

La jugada es calculada. Mientras en la plaza pública se siembra la idea de que la Registraduría no ofrece garantías, en el Congreso, con aliados y políticos inescrupulosos, se trabaja por asegurar la mayoría en la Corte  que valide la dilación o condicionamiento de los comicios. Una “octava papeleta” disfrazada de constituyente popular, o un fallo que dé apariencia de legalidad a la ruptura institucional, bastarían para justificar lo injustificable.

No se trata de un temor infundado. En Argentina, el kirchnerismo copó el Consejo de la Magistratura y, a través de él, moldeó una Corte Suprema complaciente, encargada de garantizar impunidad y de avalar decretos que desbordaron al Congreso. En Venezuela, Hugo Chávez amplió y colonizó el Tribunal Supremo de Justicia; desde entonces, ese organismo ha validado cada paso del autoritarismo, desde la disolución de la Asamblea Nacional hasta la inhabilitación de opositores. En Nicaragua, donde Ortega convirtió a los magistrados en escribanos de su dictadura; o en Cuba, donde la justicia dejó de ser poder para convertirse en apéndice del Partido Comunista. En todos estos países, el poder judicial cedió a la política, y el Estado de derecho se esfumó ante a los ímpetus autócratas.

Frente a este panorama, Colombia no puede permitirse frivolidades. El Senado tiene en sus manos la responsabilidad histórica de impedir que la Corte sea capturada. Esa misión se ve hoy amenazada por las maniobras de Álex Vega, ex registrador nacional, quien tiene diferencias personales de vieja data con Carlos Camargo; de Dilian Francisca Toro, baronesa de La U, más ocupada en transar cuotas burocráticas que en defender la institucionalidad; y del procurador Eljach, empeñado en mover hilos con silencios estratégicos que favorecen al oficialismo. Todos ellos sobreponen sus intereses personales a los de la Patria y con ello, terminan sirviendo de idiotas útiles al régimen.

Petro cuenta hoy con un respaldo social cada vez más menguado. En las urnas difícilmente lograría imponer su proyecto. Pero si controla la toga, lo que no conquista con votos lo asegurará mediante sentencias. Por eso esta elección es decisiva y reclama políticos que no le hagan el juego, o en su defecto, una ciudadanía activa que impida que esos políticos pasen de agache.

Colombia ha llegado a un punto de inflexión. Una mayoría servil en la Corte Constitucional significaría ocho años de decisiones marcadas por la ideología, con efectos irreversibles sobre la democracia, la economía y la seguridad. El llamado, entonces, es a la grandeza por los intereses superiores democráticos del país, o en su defecto, al señalamiento público y la sanción social de todos los que nos sintamos traicionados. El respaldo a Balanta o la dispersión de apoyos entre candidatos alternos, alentada por los mismos cálculos personales y politiqueros, solo favorece al Gobierno y no es hora de correr riesgos.