(OPINIÓN) Ni lo intentes, es un delito. Por: Federico Gutiérrez

Gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Embajada de Estados Unidos y la Agencia Investigativa HSI, logramos la ocupación con fines de extinción de dominio de 9 bienes que habrían sido usados para la explotación sexual de menores de edad en el Valle de Aburrá.

Desde la Administración Distrital se dispuso de un equipo de profesionales quienes venían acompañando estos procesos durante varios meses para sacar adelante estas investigaciones y poder dar estos importantes resultados en compañía de todas las autoridades competentes.

Los predios eran residencias e inmuebles, algunos alquilados a través de aplicaciones para estadías cortas, y gracias a las investigaciones se evidenció que en dichos lugares se cometían delitos que atentaban contra la libertad sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes.

El valor de los predios se calcula en $10.500 millones de pesos y sobre estos fueron impuestas medidas cautelares por la Fiscalía, donde se evidenciaron delitos como la demanda de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, proxenetismo con personas menores de 18 años, acceso carnal violento y suministro a menor.

Gracias a las acciones que se han venido realizando desde el primer día de nuestro gobierno en contra de la explotación sexual y comercial y la trata de personas, y producto de las investigaciones que se siguieron luego de las capturas contundentes que adelantamos en contra de depravados sexuales, dos ciudadanos estadounidenses, un ciudadano chino y siete colombianos, se logró determinar que dichos inmuebles eran usados para realizar posibles prácticas delictivas en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Durante las investigaciones se evidenció que en algunos bienes se hospedaron extranjeros como Brando Seth Wood y el ciudadano estadounidense, Richard Vincent Opalinski, quien registró 65 ingresos a Colombia. Este depravado sexual buscaba contactarse con menores de edad a través de redes sociales para sostener encuentros sexuales. También se evidenció que uno de los procesados obligaba a los menores a consumir sustancia como 2C y metanfetaminas, que él mismo fabricaba. Conductas similares habrían sido desplegadas por el también norteamericano Dominick A. Divicenzo, quien fue sentenciado a 15 años de prisión.

El mensaje sigue siendo el mismo: la vida y la integridad de nuestros niños y niñas es lo primero. Quienes no no lo entiendan, seguirán cayendo.

La instrucción es clara: con toda contra estos depravados y criminales. Y les seguimos diciendo ¡NI LO INTENTES, ES UN DELITO!