(OPINIÓN) Ni el ministro Palma vino: el irrespeto del Gobierno ante la crisis minera. Por: Nicolás Albeiro Echeverry

La minería ilegal está desangrando al país. Pero si hay una región que lleva las cicatrices más profundas de esta tragedia, es Antioquia. Y lo peor es que, lejos de combatirla con decisión, el Gobierno Petro parece decidido a ignorarla o, peor aún, a permitir su avance con su inacción, su discurso ambiguo y sus decisiones erráticas.

Esta semana lideré un debate de control político sobre la minería ilegal. Un debate serio, con cifras alarmantes, y con la voz de las regiones clamando por acción. Sin embargo, el ministro de Minas, Edwin Palma, brilló por su ausencia. Mandó a la viceministra.

Para mí, eso no es solo una falta de respeto con el Congreso: es una bofetada a las regiones que están siendo devastadas. Es desconocer la gravedad de la situación y minimizar un problema que ya está fuera de control.

Según el último informe de la Procuraduría, hoy más del 50 % de los municipios de Colombia sufren por la minería ilegal. Pero en el caso de Antioquia, el panorama es dramático: zonas de El Bagre, Caucasia, Tarazá, Segovia han sido devoradas por esta actividad criminal.

Solo en el valle del río Nechí pasamos de 168 equipos ilegales en 2021 a 571. Los dragones de succión pasaron de 14 en 2019 a 96 hoy. El mercurio contamina nuestros ríos y el suelo de más de 40 mil hectáreas está degradado.

¿Y qué ha hecho el gobierno? Nada. O peor que nada: desmontar lo poco que funcionaba. En Antioquia, gracias al esfuerzo conjunto entre autoridades y sector privado, habíamos logrado formalizar más de 14 mil mineros.

En los últimos cuatro años, hasta que nos arrebataron la delegación, habíamos formalizado al 50 % del sector en el departamento. En vez de fortalecer esa política, el Gobierno Petro la saboteó.

La minería ilegal ya no solo es un problema ambiental. Es también un cáncer económico y un combustible para las estructuras criminales. El 85 % del oro que exporta Colombia es ilegal. Y de ese porcentaje, el 70 % está en manos de mafias que también controlan el narcotráfico.

En 32 % de los municipios donde hay coca, también hay minería ilegal. ¿Hace cuánto no vemos un operativo contundente, sostenido, efectivo, del Gobierno Nacional?

Y ni hablar del impacto económico. En 2024, las exportaciones mineras pasaron del 28,4 % al 24,9 % del total nacional. La inversión extranjera en el sector cayó casi a la mitad. Esta incertidumbre es responsabilidad directa del Ejecutivo, que con su discurso ideologizado y su falta de rumbo ha espantado la inversión y dejado a los territorios a merced de los ilegales.

Mientras tanto, la Amazonía pierde 88 mil hectáreas de bosque en solo seis meses, y Antioquia ve cómo se nos caen las herramientas para combatir la ilegalidad.

Presidente Petro: Colombia no necesita discursos, necesita acción. Antioquia no necesita que le quiten competencias, necesita apoyo. Y los colombianos no necesitamos improvisaciones, sino una política minera clara, coherente y comprometida con la legalidad, la sostenibilidad y la vida.