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(OPINIÓN) Más impuestos, más corrupción, menos país Por: Santiago Valencia

El Gobierno insiste en una nueva reforma tributaria que pretende recaudar 26,3 billones de pesos. Lo hace con un argumento curioso: dicen que no es para ellos, sino para “garantizar caja al próximo gobierno”. Y yo me pregunto: ¿qué clase de irresponsabilidad es esa? ¿Para qué someter a los colombian

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Redacción IFM
4 min lectura
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Más impuestos, más corrupción, menos país Por: Santiago Valencia

El Gobierno insiste en una nueva reforma tributaria que pretende recaudar 26,3 billones de pesos. Lo hace con un argumento curioso: dicen que no es para ellos, sino para “garantizar caja al próximo gobierno”. Y yo me pregunto: ¿qué clase de irresponsabilidad es esa? ¿Para qué someter a los colombianos hoy a más cargas, cuando el problema no es de ingresos, sino de gestión?

En 2024, el Estado dejó 79 billones sin ejecutar. No estamos hablando de cifras marginales: es dinero suficiente para financiar universidades, hospitales y carreteras en todo el país. La inversión pública, que es la que mueve la economía y transforma regiones, apenas alcanzó el 57%. Y en 2025, a mitad de año, la ejecución ni siquiera llega al 30%. Es decir: no gastan lo que tienen, pero quieren cobrar más.

Mientras tanto, el recaudo tributario funciona. En 2024 se cumplió con el 95,9% de la meta y en 2025 ya va en el 94,3% a julio. Es claro: la plata entra. Lo que falla es la gestión. El tanque no está vacío: está roto. Y en vez de arreglar la fuga, prefieren pedir más agua.

Ahora bien, el contenido de la reforma es aún más grave.
• Proponen un IVA a la gasolina y al ACPM. No es un impuesto directo a la canasta familiar, pero sí encarece el transporte, y con ello suben los precios de la comida, de los bienes en los mercados y de todo lo que llega a la mesa de los colombianos.
• Llevan la carga empresarial hasta el 50%, la más alta de toda la OCDE. Con esas tarifas, las empresas que aún invierten en Colombia se irán, y ninguna nueva llegará.
• Y mantienen un impuesto al patrimonio del 3% al 5%, que en el mundo ya está en retirada porque solo genera fuga de capitales y desincentivo a la inversión.

El resultado es claro: más costo de vida para las familias, menos competitividad para las empresas y un país menos atractivo para la inversión. Y todo esto, insisto, mientras el gobierno demuestra que no sabe ejecutar lo que ya tiene.

El problema no es técnico, es político. Porque esta reforma no busca eficiencia fiscal, busca poder. Se disfraza de responsabilidad, pero lo que realmente genera es una caja gigantesca cercana a los 100 billones: por un lado, los recursos no ejecutados que se convierten en “recursos del balance”; por el otro, los nuevos ingresos de la tributaria. Y aunque exista la Ley de Garantías, ya sabemos que este gobierno encontrará la manera de mover esos recursos en plena campaña, para intentar torcer la voluntad de los colombianos en las elecciones de 2026.

Y aquí hay que recordar algo: este mismo gobierno alguna vez dijo que “si la plata no se pierde en corrupción, alcanza”. Pues bien, hoy estamos ante un gobierno que además de ineficiente, ha sido profundamente corrupto. Por eso, el próximo gobierno tiene un deber inaplazable: luchar frontalmente contra la corrupción y garantizar que la plata rinda, que cada peso vaya donde debe ir, que el presupuesto se convierta en obras y bienestar, no en contratos amañados ni en favores políticos.

El Congreso tiene en sus manos la decisión. Y aquí debe haber claridad: esta reforma no se puede aprobar. No se trata de ajustes marginales o de negociaciones cosméticas. Se trata de detener un proyecto que golpea a la clase media, castiga a los sectores productivos, encarece la vida de los más pobres y encima premia la ineficiencia del gobierno.

El país necesita una reforma, sí, pero distinta. Una que empiece con un plan de austeridad serio, que reduzca el tamaño del Estado, corte los gastos innecesarios y recupere la confianza en la gestión pública. Una que alivie la carga a los sectores estratégicos —energía, industria, agro— para reactivar la economía, generar empleo y crecer. Una que busque nuevas fuentes de ingresos sin golpear a la clase media ni a los más pobres, como lo ha propuesto Álvaro Uribe: menos impuestos asfixiantes, más eficiencia, más disciplina fiscal.

Por eso, el mensaje es simple y categórico: Congreso, no le hagan este daño al país. No aprueben una reforma que no resuelve nada y que solo abre la puerta a más clientelismo. Dejen que el próximo gobierno —que ojalá sea el nuestro— diseñe su propia política fiscal, con visión de nación, no con cálculo electoral.

Porque si algo está claro es que van por más plata… y ni siquiera gastan la que tienen.

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