(OPINIÓN) La salud está enferma. Por: María Bibiana Botero Carrera

Ciudadanos, hagámonos parte de esta conversación. Es la salud de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nosotros mismos lo que está en juego. Es sobre nosotros, nuestro futuro. Que la reforma no mate la salud.

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, afirma la Declaración Universal de Derechos Humanos. No hay discusión ni lugar a interpretaciones: la salud está por encima de cualquier interés político o ideológico. Es conexa a la vida.

Cursa en la Comisión Séptima del Senado el texto de reforma a la salud propuesto por el Gobierno Nacional. Esta reforma, que tiene repercusiones en el cien por ciento de nuestra población, ha generado incertidumbre por la inseguridad jurídica en amplios sectores de la opinión, la política y la ciudadanía. En la más reciente encuesta Invamer, encargada por la Andi, 7 de cada 10 colombianos manifiesta estar en desacuerdo con una reforma total del sistema de salud.

Es innegable que nuestro sistema ha avanzado, de hecho, ha sido reconocido como uno de los mejores de nuestra región, según la Organización Mundial de la Salud, OMS; con un índice de cobertura universal del 74% y un gasto de bolsillo, lo que debe pagar el paciente por la atención en relación con su costo total, de 15,1%, el menor en América Latina.

Sin embargo, también hay consenso en que puede ser sujeto de mejoras. Por ejemplo, el sistema no tiene los recursos para honrar la promesa de prestación universal, algo que también pasa en Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Inglaterra y Francia. Asimismo, existen retos en la regionalización de la prestación que demandan un rediseño institucional del sistema, así como una revisión del recurso humano que atiende a las poblaciones apartadas. Estos, por mencionar solo algunos.

Ahora bien, reformar no es refundar. Por eso, políticos, académicos y expertos del sector salud han expresado preocupaciones sobre este texto de reforma. La propuesta de que el presupuesto de los hospitales públicos sea determinado por los gobernadores, funcionarios elegidos cada cuatro años, no garantiza continuidad en las políticas presupuestales; que a partir de la sanción de la ley no se autoricen nuevas credenciales de suministro de medicamentos, significa eliminar la libre competencia y la llegada de nuevas farmacias al mercado; o crear y construir 2.500 Centros de Atención Prioritaria en Salud, CAPS, elimina el derecho de las personas a escoger el lugar donde serán atendidas. Todas son alertas estructurales para los colombianos.

Hoy, mientras la discusión avanza, las EPS públicas y privadas sufren desabastecimiento en insumos, cierre de ayudas diagnósticas y de servicios como obstetricia, ginecología y medicina interna, sin asomo de solución por parte del Ministerio de Salud. Es improbable que muchas de ellas, que han manifestado dificultades inminentes para su operación, lleguen con vida al 2027, fecha estipulada para la transición a Gestoras de Vida. ¿Qué pasará con los usuarios a medida que el sistema actual se ahoga?

La reforma en discusión no puede ir en detrimento del actual sistema en funcionamiento, de la salud de los colombianos.

Ciudadanos, hagámonos parte de esta conversación. Es la salud de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nosotros mismos lo que está en juego. Es sobre nosotros, nuestro futuro. Que la reforma no mate la salud.