(OPINIÓN) Justicia en ruinas: entre el espectáculo y el olvido Victor Hugo Ospina.

En Colombia, decir que vale más ser un narcotraficante o un narcoguerrillero que un contradictor del sistema no es una metáfora: es una triste constatación. Aquí, el delito paga, el crimen se institucionaliza, y la resistencia se criminaliza. El país asiste, impávido o dividido, al gran teatro de la justicia, donde el telón lo maneja, el poder y los jueces se debaten entre el deber de independencia y la tentación del miedo. No es que la justicia no exista: es que existe con esclerosis, con trajes de solemnidad, pero con el alma vacilante.

El juicio contra Álvaro Uribe Vélez no fue solo un proceso judicial. Fue una pieza simbólica de un drama mucho más grande: el ocaso de una república donde el contrapeso político se convierte en blanco, donde las pruebas se relativizan según el nombre del acusado, y donde la ley se aplica con bisturí para unos y con guadaña para otros. Quedó, en el aire, una duda inquietante: ¿qué se juzgó realmente? ¿A un hombre? ¿A una trayectoria política? ¿A una forma de liderazgo que se enfrentó, sin ambigüedades, a quienes por décadas han justificado el crimen en nombre de la revolución?

Colombia es hoy una democracia del olvido, una patria donde la memoria es selectiva y la justicia, a veces, un espectáculo coreografiado por los intereses del momento. El fallo que exculpa o relativiza responsabilidades no resuelve, sino que traslada el debate a otras instancias: la apelación, la historia, el juicio moral y quizás, en un futuro no lejano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque también existe la persecución política disfrazada de legalidad, y hay que decirlo sin miedo: cuando se utiliza el aparato judicial para eliminar al contradictor, se dinamita el corazón mismo del Estado de derecho.

Mientras tanto, la izquierda se disfraza de pureza, olvida sus muertos y oculta sus verdugos. Se presentan como los nuevos redentores del hambre y de la justicia social, mientras multiplican la miseria con discursos, no con acciones. Señalan a los que enfrentaron la barbarie del secuestro, del narcotráfico y de la guerra como los verdaderos culpables, sin reconocer que el contrapeso a su poder ha venido de quienes, como Uribe, encarnaron una resistencia ética, aunque imperfecta, frente al proyecto totalitario que tantas veces se escondió bajo la máscara de la paz.

Este país ha hecho del contrapeso un delito, de la fuerza un pecado y de la coherencia, una herejía. Quienes se atreven a decir que Colombia no puede quedar en manos de los encubridores del crimen organizado, son tratados como enemigos de la democracia, cuando en realidad son su último bastión.

La justicia debe ser independiente, sí. Pero también debe ser humanizadora, justa con la verdad y valiente frente al poder. Debe servir no solo para castigar, sino para restaurar, para no condenar a la nación a seguir en este ciclo de violencia disfrazada de legalidad, y legalidad secuestrada por el espectáculo mediático.

La historia no absolverá a los tibios, ni a los que manipularon los tribunales para borrar a quienes representaban un límite al avance de los más grandes perpetuadores de inequidad, de hambre y de descomposición institucional. Porque si algo está en juego aquí no es la libertad de un hombre, sino la salud de una democracia que se desangra en silencio, entre aplausos envenenados y sentencias que no tocan el alma del pueblo.

Y mientras tanto, los verdaderos culpables de la miseria —los que arman niños, los que siembran coca, los que matan jueces, los que chantajean con fusiles— siguen libres, riendo en la sombra, aplaudiendo el espectáculo de una justicia que, tal vez sin saberlo, les abrió la puerta para seguir reinando.