(OPINIÓN) Hay que acabar el DNI: el DAS 2.0 de Petro. Por: Santiago Valencia
Colombia parece condenada a repetir sus fantasmas. Cuando el DAS se derrumbó bajo el peso de las chuzadas, la persecución política y la infiltración criminal, todos dijimos que jamás volveríamos a permitir una agencia de inteligencia que mirara más hacia adentro que hacia el verdadero enemigo. Se pr
Colombia parece condenada a repetir sus fantasmas. Cuando el DAS se derrumbó bajo el peso de las chuzadas, la persecución política y la infiltración criminal, todos dijimos que jamás volveríamos a permitir una agencia de inteligencia que mirara más hacia adentro que hacia el verdadero enemigo. Se prometió una nueva era. Una inteligencia moderna, estratégica, dedicada a anticipar amenazas, no a vigilar opositores. Se acabó el DAS con razón porque se había convertido en el instrumento que ninguna democracia puede tolerar.
Y, sin embargo, aquí estamos de nuevo.
La Dirección Nacional de Inteligencia, que nació para enterrar definitivamente ese pasado, terminó caminando exactamente por donde caminó el DAS: filtraciones, misiones sin claridad, dudas sobre nexos indebidos, y un preocupante silencio oficial que siempre deja la sensación de que la institución está donde no debería estar. Colombia enfrenta la peor crisis de seguridad en más de una década, pero la DNI no parece ser el cerebro que analiza amenazas ni el radar que anticipa riesgos. Es, en el mejor de los casos, una oficina desorientada; en el peor, un instrumento al servicio de las tensiones políticas del momento.
Y el síntoma más claro de ese desvío no vino de una filtración, sino de un proyecto de ley. El gobierno Petro intentó que el Congreso le aprobara una norma que le otorgaba a la DNI poderes inéditos: acceso directo a dispositivos electrónicos de ciudadanos, capacidad para romper cifrados, intervenir comunicaciones, centralizar toda la información estratégica del Estado y eliminar salvaguardas que hoy exigen control judicial y límites estrictos. Era, en la práctica, un regreso sofisticado al poder total del DAS, pero con tecnología del siglo XXI.
El proyecto no pasó, pero el intento basta para entender hacia dónde estaba apuntando el Gobierno: concentrar la inteligencia en una sola oficina dependiente del Presidente, con facultades que le permitían entrar en los celulares, computadores y comunicaciones de cualquier persona. Cualquier persona. Sin controles sólidos, sin contrapesos reales, sin garantías suficientes. Una agencia de inteligencia con esas facultades en manos de cualquier gobierno es un riesgo; en manos de un gobierno que ha demostrado obsesión con la oposición, la prensa libre y las instituciones independientes, es una amenaza.
Mientras las disidencias se expandían, el ELN crecía, los combos urbanos se fortalecían y las economías criminales sometían regiones enteras, el Gobierno no estaba concentrado en robustecer la inteligencia estratégica para enfrentar el crimen, sino en potenciar la inteligencia interna para vigilar ciudadanos. Nicolás Maduro debe haber aplaudido en silencio: era el manual que ya había aplicado en Venezuela.
Por eso hoy es necesario decirlo con claridad: la DNI, tal como existe, debe acabarse. No maquillarse. No reformarse. No cambiarle el nombre. Acabarse. Porque una inteligencia que pierde el norte y mira al ciudadano antes que al criminal siempre termina corrompiéndose. Porque cuando un organismo empieza a ser tentado por la vigilancia política, ya está perdido. Y porque el intento de Petro por entregarle superpoderes dejó al descubierto la esencia del problema: la estructura actual permite, fomenta y facilita esa desviación.
Colombia necesita una inteligencia de verdad, no un aparato burocrático que filtra, improvisa o investiga lo que no debe. Necesita un sistema que se concentre en lo esencial: desmantelar organizaciones criminales, anticipar atentados, frenar el flujo de armas y dinero ilícito, proteger al Estado, no al gobierno de turno. Una inteligencia que piense estratégicamente, que actúe profesionalmente, que tenga controles democráticos reales y que jamás, bajo ninguna circunstancia, pueda convertirse en un instrumento de persecución.
Acabar la DNI no es retroceder: es empezar de cero. Es evitar que Colombia vuelva a caer en la trampa del DAS. Es reconstruir un sistema moderno, limpio, confiable, con límites claros y con un mandato transparente. Es impedir que un futuro presidente, de derecha o de izquierda, pueda usar la seguridad nacional como excusa para vigilar ciudadanos. Es, en últimas, defender la democracia.
Porque un país sin inteligencia estratégica está ciego frente al crimen. Pero un país con inteligencia concentrada, poderosa y orientada hacia la política está ciego… frente a sí mismo. Y esa ceguera siempre termina en abuso, en miedo y en silencio.
Colombia merece algo mejor. Y la única manera de lograrlo es cerrar este capítulo y construir uno nuevo.

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