(OPINIÓN) El Congreso que necesitamos frente a la estrategia del caos. Por: Santiago Valencia

Colombia atraviesa un momento decisivo. Lo que estamos viviendo no es improvisación ni torpeza administrativa. Es la ejecución calculada de un proyecto de poder: la generación del caos como estrategia política.

Lo explicó el profesor Gaona en su conferencia sobre la amalgama democrática: en el siglo XXI, las dictaduras ya no llegan con tanques ni con golpes militares, llegan disfrazadas de legalidad. Se valen de la Constitución, la reinterpretan, la manipulan y la convierten en arma del gobernante. Lo vimos en Venezuela con la Asamblea Constituyente que cerró el Congreso; en Nicaragua, con la reelección indefinida de Ortega; en Honduras, con cortes cooptadas que cambiaron las reglas del juego. Y lo empezamos a ver en Colombia, con decretos que inventan poderes constitucionales y con discursos que culpan a la Carta del 91 de todos los males. ¿Para qué? Para decir que “impide las reformas sociales” y usar esa excusa como justificación para cambiarla. La realidad es otra: no buscan reformas, buscan perpetuarse en el poder.

Álvaro Uribe, en su discurso ante Fenalco, lo aterrizó con cifras que no mienten: un déficit del 7% del PIB, una deuda del 70%, una Tesorería que pasó de 30 billones en caja a apenas 2 billones, más de 86.000 contratos de prestación de servicios y un gasto en burocracia que aumentó en 5,5 billones. A eso se suma el colapso del sistema de salud —con deudas impagas, hospitales quebrados y 4 millones de colombianos obligados a pagar medicina prepagada— y el desmonte del sector energético —con más de 1.500 megas de proyectos eólicos y solares cancelados y la parálisis de la exploración de gas y petróleo-.

Estas no son simples equivocaciones de gestión: son la consecuencia de un Estado usado como botín político y de un gobierno que prefiere inflar la burocracia y repartir contratos, mientras exprime a los ciudadanos con más impuestos. El resultado es un país debilitado, instituciones dañadas y una sociedad descontenta. Y ese descontento, lejos de ser corregido, se utiliza como combustible político para justificar más caos.

Todo esto no es casualidad. Es parte de la estrategia. El caos económico, la crisis en salud y energía, el debilitamiento institucional y la entrega del territorio al narcotráfico y a las bandas criminales son piezas de un mismo engranaje. La frustración ciudadana, la rabia contra las instituciones, la sensación de abandono son utilizadas para justificar la concentración del poder y la demolición del orden constitucional.

Frente a ese panorama, la elección presidencial de 2026 será sin duda crucial. Pero antes de llegar allí, hay una cita con la historia que no podemos subestimar: las elecciones legislativas de marzo.

Necesitamos un Congreso a la altura del momento. Un Congreso que entienda los peligros que corremos, que no se deje seducir por el populismo ni por la comodidad de mirar hacia otro lado. Un Congreso que tenga la transparencia para no venderse a los contratos ni a las prebendas; la capacidad de estudiar, debatir y aprobar las reformas que necesita el país; la convicción de defender la Constitución del 91 como el dique que protege nuestras libertades; y la tenacidad para corregir desde ya los desmanes de este gobierno y, sobre todo, para preparar el terreno a un nuevo gobierno que en 2026 devuelva confianza, estabilidad y esperanza a Colombia.

No basta con pensar únicamente en la elección presidencial: la corrección del rumbo empieza en marzo con el Congreso. Allí se juega buena parte del destino de Colombia, porque será ese Congreso el que trace los límites al desorden actual y el que siente las bases para que un nuevo gobierno, elegido en mayo y posesionado en agosto, tenga cómo reconstruir el país.

El profesor Gaona nos advirtió: cuando el populismo pierde efecto, los gobernantes recurren a alterar la ley. Uribe nos mostró con cifras cómo se está fabricando el descontento social. Y la realidad nos golpea todos los días: hospitales colapsados, tarifas de energía al alza, inseguridad en las calles, narcotráfico desbordado.

Por eso, más que nunca, necesitamos un Congreso que defienda la Constitución, la libertad, la empresa privada, la prensa libre y a nuestra Fuerza Pública. Un Congreso que entienda que el caos no es accidente: es estrategia. Y que la única estrategia capaz de derrotarlo es la unidad, la firmeza y el carácter de quienes están dispuestos a decirle a este gobierno que Colombia no se rinde.

Marzo no es un trámite electoral. Es la primera gran batalla por el futuro del país. Y no podemos fallar.