(OPINIÓN) El aumento del salario mínimo en 9,54% para 2025 es una decisión irresponsable. Por: Carlos Augusto Chacón

Aunque la variación interanual del IPC disminuyó a 5,20% en noviembre, sigue lejos de la meta del 3% del Banco de la República. Sectores como educación (10,62%), restaurantes y hoteles (8,41%) y vivienda (7,25%) siguen siendo loa gastos con mayor aumento de precios.

Por su parte el Índice de Precios al Productor -IPP- muestra un aumento acelerado. En noviembre, la variación interanual del IPP alcanzó el 4,80%, representando un salto significativo de
3,78 puntos porcentuales frente a octubre. Este comportamiento evidencia una aceleración preocupante en los costos de los bienes en las primeras etapas de la cadena de producción y comercialización, con Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca liderando el alza (13,60%, interanual).

Este incremento del salario mínimo no representa una mejora real en el ingreso de los trabajadores porque será absorbido por el alza de precios, que generará el aumento de los costos laborales.

El incremento del salario mínimo afecta directamente los costos laborales de las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como el comercio, los servicios y la industria. En un contexto donde los precios en sectores clave aún están altos, las empresas podrían enfrentar dificultades para absorber estos mayores costos, lo que podría traducirse en aumentos de precios, menores márgenes de ganancia, o incluso reducción de empleo y el aumento de la informalidad.

Colombia enfrenta una alta tasa de informalidad laboral 55,55 % en septiembre de 2024. En 23 ciudades y sus áreas metropolitanas, alcanza 43,4%, que contrasta con el 84,75% de informalidad en centros poblados y rural disperso.

El problema de informalidad puede agravarse cuando el salario mínimo sube de manera significativa por encima de la inflación. Las micro y pequeñas empresas de distintos sectores podrían optar por la informalidad como una forma de mitigar los mayores costos laborales. Esto a su vez genera brechas en seguridad social y acceso a beneficios para una gran parte de los trabajadores que quedan en la informalidad por decisiones arbitrarias como la que acaba de tomar el Gobierno de Petro.