(OPINIÓN) Cuando la justicia se traviste de poder: el caso Uribe y el peligro de una democracia punitiva. Por: Víctor Hugo Ospina

En Colombia, la justicia penal debería ser una balanza que equilibre los excesos del poder, no una espada para castigar a quien lo ha ejercido con firmeza. La reciente medida de aseguramiento intramural dictada contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de una condena aún no firme, ha abierto una grieta honda en la conciencia jurídica del país. Y no se trata aquí de un debate entre uribistas y antiuribistas. Se trata, nada menos, del alma del Estado de derecho.

Álvaro Uribe, más allá de ser un hombre de partido, es una figura histórica, que ha representado a millones de colombianos. Le ha rendido cuentas al país, al Congreso, a los tribunales, a la opinión pública. Ha estado presente en cada etapa del proceso penal que hoy lo juzga, sin fugarse, sin obstruir, sin esconderse. Sin embargo, lo encierran ¿Por qué?

La respuesta, lamentablemente, parece no estar en el expediente, sino en el ambiente. En la atmósfera tóxica de una nación dividida, donde la política se judicializa y la justicia se politiza. Donde se castiga al contradictor no por sus delitos, sino por sus ideas. Donde se inventa la noción de que cuanto más influyente es un líder, más peligrosa resulta su libertad. Y ese argumento que parecería una broma kafkiana ha sido el sustento de una decisión que avergüenza a la justicia, y lastima la democracia.

La prisión preventiva, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser excepcional, necesaria y proporcional. No puede ser una forma encubierta de sanción, ni mucho menos un mecanismo de anulación política. Pero en este caso, se invierte la lógica: el juicio no condena por lo probado, sino por lo simbólico. La medida no protege al proceso, lo instrumentaliza.

Quienes hoy celebran esta detención como una victoria política deberían preguntarse: ¿qué justicia estamos construyendo cuando el adversario es encerrado sin sentencia firme? ¿Qué clase de democracia aplaude la pérdida de derechos del opositor? ¿No es acaso esa la misma lógica que tanto criticamos en los regímenes autoritarios?

El expresidente Uribe no es un perseguido común: es el exmandatario más vigilado del país, el que más ha sido investigado, cuestionado, citado, y aun así, el que siempre ha comparecido. La medida intramural no reposa sobre hechos objetivos, sino sobre un cálculo: sacarlo del escenario, reducirlo políticamente, silenciar su presencia incómoda ante unas elecciones que serán decisivas.

Estamos ante una justicia travestida de política, o peor aún, ante una política que se esconde detrás de la toga. Y eso, en cualquier lugar del mundo, es una amenaza para las libertades. Colombia no necesita mártires, necesita garantías. Necesita jueces valientes, sí, pero también imparciales. Necesita instituciones que no actúen con venganza disfrazada de legalidad, ni con cobardía mediática para congraciarse con el clima del momento.

Hoy, la prisión de Uribe no encierra solo a un hombre. Encierra una advertencia. Una que dice: si esto le pasa al más alto exmandatario, ¿Qué puede esperar el ciudadano común? La democracia no puede construirse desde la celda del que piensa diferente. Porque si lo que hoy celebramos es la prisión del adversario, lo que mañana lloraremos será la muerte del Estado de derecho.