(OPINIÓN) Crisis de seguridad en Colombia, una realidad que exige respuestas inmediatas. Por: Luis Carlos Gaviria Echavarría

La reciente Cumbre de Gobernadores celebrada en Villa de Leyva puso en evidencia la profunda crisis de seguridad que enfrenta Colombia. Los mandatarios regionales llevaron sus reclamos al presidente Gustavo Petro, resaltando la necesidad de replantear la política de seguridad y exigir acciones concretas ante el avance de los grupos armados ilegales.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, quien expuso la grave crisis humanitaria que vive su departamento. La presencia del ELN, el Clan del Golfo y la disidencia del Estado Mayor Central ha sumido a la región en un estado de terror. Paros armados, bloqueos en las vías principales, explosivos y el confinamiento de más de 12.000 personas son solo algunos de los hechos que describen la realidad que se vive en el territorio.

“¿Qué pasa con un territorio cuando durante dos años solo ha conocido paros armados?”, cuestionó la gobernadora, haciendo un llamado urgente a la acción. La violencia ha paralizado la economía de la región, dejando a la población sin medios de transporte, sin acceso a servicios básicos y en un estado de constante zozobra.

Por otro lado, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, también levantó la voz en el evento, pidiendo al Gobierno Nacional replantear la estrategia de seguridad. La crisis en el Catatumbo ha generado el desplazamiento de más de 55.000 personas y un saldo trágico de al menos 90 asesinatos en lo que va del año. Villamizar criticó la aplicación de una política de seguridad generalizada, insistiendo en la necesidad de adaptar las estrategias a las particularidades de cada región.

La apuesta del presidente Petro por la «paz total» ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Si bien la idea de negociar con los grupos armados busca una solución pacífica al conflicto, los mandatarios regionales temen que esta estrategia esté siendo utilizada por estos grupos para rearmarse y expandir su control territorial.

La seguridad en Colombia no puede seguir siendo tratada con medidas temporales o con estrategias poco eficaces. Es urgente que el Gobierno escuche a los líderes regionales, atienda sus demandas y ejecute una política de seguridad diferenciada, estructurada y efectiva. La población civil no puede seguir siendo la principal víctima de la falta de control estatal sobre los territorios más afectados por la violencia.

Las cifras de desplazamientos, homicidios y ataques en diversas zonas del país muestran que la crisis no da tregua. La pregunta sigue en el aire: ¿Cuánto más debe sufrir la población para que el Gobierno actúe con la contundencia que la situación exige?