(OPINIÓN) Crisis de inseguridad en Colombia. Por: Óscar Zapata

El Índice de Paz Global 2024 ubica a Colombia en el puesto 146 de 163 países, reafirmando que somos uno de los países más violentos del mundo (GPI 2024). Este índice mide conflictos internos y externos, el nivel de seguridad en la sociedad y el grado de militarización. Los resultados son devastadores: el país es más inseguro que hace una década y está retrocediendo a pasos acelerados. No hay paz, aunque sí hubo Premio Nobel.

La violencia ha aumentado en todos los frentes. Según la última encuesta Invamer, el 31% de los colombianos considera que la inseguridad es el mayor problema del país, por encima del desempleo y la economía (Valora Analitik). El 80% cree que la situación con la guerrilla está empeorando. No es una percepción aislada, los datos lo confirman: los secuestros han aumentado un 143%, las extorsiones un 139% y la violencia intrafamiliar un 119%. Mientras tanto, la erradicación de cultivos de coca ha caído un 90%, facilitando el crecimiento del narcotráfico como nunca antes (Semana).

El fracaso de la mal llamada «Paz Total» del actual gobierno es innegable. En lugar de debilitar a los grupos criminales, los ha fortalecido y estimulado. Como lo explica VisualPolitik en un recomendable video documental, como siempre ha sucedido en Colombia, los grupos armados ilegales y terroristas han aprovechado las negociaciones para fortalecerse, expandir su control territorial y aumentar sus ingresos ilícitos (VisualPolitik).

Es imposible que Colombia avance hacia un auténtico Estado de derecho y hacia una genuina economía capitalista mientras 94 de cada 100 delitos sigan quedando impunes, según estimaciones de la Fiscalía. De ahí que la clave y la prioridad sea dotarnos de un sistema judicial funcional. Uno que de veras resuelva y limite los conflictos, otro que dé certeza de sanciones prontas a cualquier violación a los derechos, propiedades, libertades, inversiones y negocios honestos. 

Uno que limite, controle, contrapese y juzgue a las otras ramas del poder. Otro que tenga claro que los trámites y regulaciones cuestan, que ese costo es el tiempo y la información que se requiere para cumplirlas y que, cuanto más complicadas sean, más tienden a evadirse, eludirse o propiciar la corrupción. 

Uno despolitizado, que cuente con un sistema de elección por sorteo, con criterios muy rigurosos, para que los mejores juristas del país ocupen cargos vitalicios de jueces y magistrados, con las más altas remuneraciones del Estado, con los mejores recursos y con el mejor personal de apoyo. Uno que cuente con un presupuesto prioritario e independiente. Otro, en suma, que brinde seguridad y estabilidad jurídica, política y económica para la libertad y el bien común.

El desastre de la seguridad en Colombia no es casualidad, es el resultado de un Estado que ha renunciado a su deber más básico: garantizar la seguridad, el orden y la justicia. Como decía Jean-François Revel: El Estado de derecho no es el estado de debilidad”. La historia ha demostrado que la negociación con criminales solo los fortalece. Cada proceso de estos ha terminado con más frentes guerrilleros y más violencia. Aunque inmediatamente después de los mal llamados “acuerdos de paz” casi siempre se reduce la violencia, luego regresa con más fuerza, más muerte y más destrucción, tal como lo estamos viviendo ahora. Mientras el gobierno cree en la buena voluntad de los criminales, estos avanzan con una estrategia clara: socavar el Estado, destruir la economía y perpetuar el conflicto para seguirse lucrando del secuestro, la extorsión y el narcotráfico.

Pero no todo está perdido. Colombia se puede salvar. Primero, derrotando a los responsables de este desastre en las elecciones de 2026. Necesitamos crear un contagio masivo de ideas de libertad para dotarnos de un verdadero Estado de derecho, del que hoy tenemos poco, y de una auténtica economía capitalista de libre mercado, que brilla por su ausencia en Colombia. Sin seguridad no hay libertad. Sin libertad no hay prosperidad.