(OPINIÓN) Asfixia fiscal y administrativa en la minería: un costo de 3.000 millones de dólares anuales para Colombia. Por: Nicolás Albeiro Echeverry

El fracaso rotundo de los procesos de legalización en nuestro país, ordenados por la Ley 685 de 2001, la Ley 1382 de 2010 y la Ley 2250 de 2022, no reglamentada en materia del Plan Único de Legalización Minera, demuestra con claridad no solo el nulo interés de los últimos gobiernos por resolver la difícil problemática de la explotación de yacimientos de minerales metálicos, sino también una guerra contra las actividades extractivas por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El reconocimiento de esta problemática, enmarcada además por las inexplicables restricciones ambientales extremas del SINA, tiene al país al borde de una gravísima crisis social en las zonas rurales productoras. Cerca del 90% del territorio nacional es hoy un área protegida, una reserva forestal o ambas. Sin embargo, con el Decreto 044 de 2024 se pretende que el 10% restante también se convierta en reservas ambientales temporales, para lograr que el tan enunciado “país de la belleza” se materialice, pero sin colombianos en las zonas rurales.

Desafortunadamente, las actividades mineras tradicionales no solo se desarrollan bajo un marco de ilegalidad ante la declarada oposición del último gobierno, sino que estas comunidades son criminalmente intervenidas por actores armados narcoterroristas. No en vano, la política estatal de legalización (tránsito de la ilegalidad a la legalidad) y la mal llamada formalización (término económico que define el paso de la informalidad a la formalidad a partir de la organización empresarial o solidaria) ha servido de excusa para que la Autoridad Minera delegue esta responsabilidad a las fuerzas armadas y de policía, bajo la premisa de que ser ilegal es ser criminal y, por lo tanto, esta problemática no es de su plena competencia.

El Proyecto de Ley 340/24 Cámara, reforma del Código de Minas, establece claramente la diferencia entre minería ilegal y minería criminal, bajo la premisa de que para calificar esta actividad como delictiva debe demostrarse la relación entre los mineros y los actores armados que delinquen en sus territorios. Colombia no puede aceptar que, al habitar en territorios dominados por la criminalidad, el Estado no solo no haga presencia institucional, sino que, además, endose a los mineros el calificativo de criminales, los persiga, destruya su patrimonio e incluso sean víctimas de agresiones o asesinatos por parte de las propias fuerzas del Estado, como sucede actualmente.

Esta errónea y arbitraria política ha gestado una crisis silenciosa que alimenta el conflicto armado en todas sus expresiones: violencia, desplazamiento, confinamiento, extorsión, secuestro y otros males, ante el silencio y la evasión de responsabilidades de las autoridades. Es apremiante la desconcentración de la Autoridad Minera en los Distritos Mineros establecidos por la UPME, propuesta contenida en el proyecto de ley antes mencionado y ordenada por la Ley 2250 de 2022, que en la práctica contraviene el propósito de convertir escenarios productivos en espacios de reconversión, forzando a los mineros a transformarse en productores agropecuarios o, en el peor de los casos, a abandonar sus territorios ancestrales.

Pero esto no es solo el resultado de la Ministra Filósofa con su apuesta gubernamental de “economía 0”. La crisis vigente se agrava por el imparable desplome de la inversión extranjera (30% en la última cifra) y, lo más impactante para las regiones, la reducción de las regalías mineras, que se suma a la misma problemática en el sector de hidrocarburos (gas y petróleo), atentando gravemente contra el desarrollo económico y el bienestar social.

Las empresas exportadoras de metales, pilares de la economía y fuentes vitales de empleo, están al borde del colapso debido a un sistema fiscal asfixiante diseñado para estrangular, en lugar de fortalecer, este sector. Hoy, cerca del 90% de la exportación de metales preciosos se hace de modo irregular, situación que podría revertirse si se eliminaran los cuellos de botella impuestos malintencionadamente, que afectan la seguridad nacional y el interés estratégico del Código de Minas vigente.

Los ataques al sector minero-energético no cesan. En febrero de 2025, el Gobierno implementó impuestos temporales para enfrentar la crisis humanitaria en el Catatumbo. Entre las medidas adoptadas, se incluyó un gravamen del 1% sobre la primera venta de exportaciones de carbón y petróleo.

A esto se suma que, en octubre de 2024, la Asociación Colombiana de Minería expresó su preocupación por el Decreto 044/24, espejo del nefasto Decreto 1374/13, que otorga al Ministerio de Ambiente la facultad de declarar zonas ambientales temporales por cinco años, renovables. Dicho decreto ha sido demandado por sus evidentes rasgos de inconstitucionalidad.

Las empresas mineras están atrapadas no solo en los infaustos controles al lavado de activos, sino en una red fiscal asfixiante, donde cada transacción está sujeta a múltiples impuestos que erosionan cualquier posibilidad de ganancia. Este escenario pone en riesgo la supervivencia de las empresas mineras y fomenta la economía subterránea y el contrabando de metales preciosos.

La ironía es evidente: un sistema diseñado supuestamente para asegurar el cumplimiento fiscal está empujando al sector hacia la iliquidez, la informalidad o, peor aún, hacia canales ilegales que fortalecen estructuras criminales.

Las fronteras porosas de Colombia, como la de Venezuela, se están convirtiendo en rutas de escape para estos valiosos recursos, privando al país de ingresos legítimos y alimentando redes de contrabando. Según la Procuraduría General de la Nación, el 85% del oro exportado por Colombia proviene de actividades mineras ilegales. Además, la Defensoría del Pueblo, en colaboración con la Universidad del Rosario, informó que más del 80% del oro exportado en 2023 provenía del mercado ilegal, y se estima que la minería ilegal generó entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en ganancias anuales, financiando grupos armados y contribuyendo a la degradación ambiental.

El impacto va más allá de lo económico. Comunidades mineras enteras, cuya subsistencia depende exclusivamente de esta actividad, se ven forzadas a elegir entre el hambre y la ilegalidad. Familias que antes operaban dentro del marco legal ahora están atrapadas en un ciclo de riesgo y prácticas que este gobierno falazmente dice querer erradicar.

El Gobierno Nacional, en su ceguera, está fomentando un éxodo de riqueza mineral altamente apetecida en los mercados internacionales. Cada gramo de oro que cruza ilegalmente la frontera representa una pérdida económica, un fracaso en la gobernanza y un golpe a la integridad territorial.

Las empresas formales son la solución. Son baluartes contra la informalidad y el contrabando, ofreciendo empleos dignos y asegurando que los recursos naturales beneficien realmente a los ciudadanos y al fisco nacional. El desinterés del Estado no es solo negligencia; es un catalizador de ilegalidad. Mientras el gobierno se enfoca en políticas cortoplacistas, ha creado un terreno fértil para actividades ilícitas que socavan la seguridad y el desarrollo del país.

Es imperativo que el gobierno actúe ahora. Necesitamos una revisión urgente de estas políticas fiscales asfixiantes y un diálogo genuino con el sector. El Congreso debe debatir cuanto antes los proyectos de reforma al Código de Minas (340/24 Cámara) y la redelimitación de las reservas forestales de la Ley 2ª/59 (338/24 Cámara). De lo contrario, Colombia perderá empresas y empleos, y sus valiosos recursos seguirán escapando por las fronteras, alimentando economías ilegales y dejando comunidades devastadas.

El reloj avanza, y cada día de inacción fortalece las redes de ilegalidad y contrabando. Es momento de reconocer que una minería legal y bien regulada es la mejor defensa contra la ilegalidad y la fuga de recursos.