Los colectivos petristas

Por Miguel Uribe Turbay

Liberar a los integrantes de la “primera línea” se ha convertido en una obsesión para Petro. ¿Qué hay detrás del afán del presidente por premiar a los mismos delincuentes que aterrorizaron a Colombia en mayo de 2021? ¿Estarán Petro y Bolívar siendo chantajeados? ¿Qué saben los de la “primera línea” que podría hacerles tanto daño?

En cuatro meses de Gobierno, ya van cuatro intentos por liberar a quienes hoy están condenados o judicializados por tortura, terrorismo, homicidios, entre otros.

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Primero, el 19 de junio una vez elegido Petro dio la orden al Fiscal de liberar los detenidos de la “primera línea”. Ante este anuncio, le llovieron criticas por interferir en la independencia de poderes. Segundo, metieron el mico en la Ley de Paz Total para indultarlos. En el Congreso logramos negarlo. Tercero, Anunciaron que serían “gestores de paz”, pero al darse cuenta que esto implicaría reconocerlos como miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, el Gobierno reculó. Cuarto, los llaman ahora “voceros de paz”, lavándoles la cara reconociéndolos como supuestos integrantes de organizaciones sociales.

La figura de voceros de paz fue aprobada bajo el argumento de darle voz a las víctimas y organizaciones sociales, y no para disfrazar a victimarios beneficiándolos con impunidad. La sociedad colombiana no puede seguir aceptando que las oportunidades sean para los criminales y no para quienes buscan salir adelante.

¿Qué pensará un joven de Ciudad Bolívar que estudia en la mañana y trabaja en la noche, que con dificultad le alcanza para pagar el transporte, de que el gobierno no lo apoye, pero sí a quienes salen a destruir y matar?

Por ejemplo, los siete miembros iniciales de la “primera línea” que intentan liberar, están siendo judicializados por concierto para delinquir agravado, lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, terrorismo, lesiones personales, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, invasión de tierras y hurto calificado.

Pero además de indultarlos, Petro los va a bonificar con $1 millón mensuales. Esta propuesta cuesta $1,2 billones al año.

Para hacernos una idea de la magnitud de esta propuesta, entre 2018 y 2022 se invirtieron $3,7 billones en el programa jóvenes en acción que beneficia a 476.000 jóvenes. Esto implica que por año el programa le cuesta alrededor de $1 billón al país.

¿Por qué no fortalecer el programa “jóvenes en acción” que aumenta en 12 puntos la probabilidad de acceso a la educación y disminuye 40% la probabilidad de deserción de los jóvenes en las universidades?

Con los recursos de la propuesta de Petro se podría llegar a un millón de jóvenes que se verían beneficiados.

Sin embargo, oportunidades para los jóvenes o alcanzar la paz no parece ser el objetivo del Gobierno. Por el contrario, su intención es crear colectivos radicales para defender el proyecto político de Petro.

No podemos perder de vista que los integrantes de la “primera línea” están armados y con armas sofisticadas con las que siguen atemorizando a los colombianos, por ejemplo, en los alrededores Portal de las Américas.

Por lo tanto, si Petro se sale con la suya, Colombia podría ser ingobernable. Los disturbios de 2021 solo habrían sido el abrebocas de lo que serán las confrontaciones promovidas por los nacientes colectivos petristas.