Secuelas de reunión clandestina de Juan Fernando Petro con alcaldes, deja molestias institucionales

La reunión clandestina que sostuvo el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, en el restaurante Angus Brangus el pasado lunes, ha dejado un largo rastro de molestias que lleva a que algunos líderes hablen, inclusive, de rupturas institucionales.

Y es que la presencia del hermano del presidente comunista, Gustavo Petro, en la reunión con todos los alcaldes de la subregión de Urabá, en la que también estuvo el director ejecutivo de Corpourabá, lesionó la confianza institucional entre los mandatarios y un sin número de instituciones que nunca fueron tenidas en cuenta, invitadas o mínimamente informadas.

IFMNOTICIAS ha consultado diferentes entidades para tratar de entender la presencia de Juan Fernando Petro y la naturaleza de la reunión, encontrando en todas ellas, respuestas que lo desconocen y, rechazan el encuentro, lo desautorizan e inclusive, señalan no haber sido siquiera informados.

Entre las entidades con las que este medio se ha puesto en contacto está la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, cuya respuesta fue de extrañeza y de enfático desconocimiento «El señor Petro no trabaja con esta oficina, no tiene nada que ver y no se le ha encomendado misión alguna desde esta oficina». Con más dureza se refirió Sandra Ortiz, la Alta Consejera Presidencial para las Regiones, quien no solo desconoció al hermano del mandatario de los colombianos en misión oficial, sino que desautorizó cualquier acercamiento con alcaldes sin pasar por el conducto regular de contar con esta instancia de Gobierno a la vez que se mostró extrañada por el uso de un esquema de seguridad de Presidencia y no de UNP.

A la molestia se sumaron las voces que desde la Gobernación de Antioquia y Secretarías sectoriales, donde enfatizaron no haber tenido conocimiento de la reunión, de no ser informados y menos invitados, a la vez que lamentaron que los alcaldes de la subregión hayan estado en este encuentro sin respetar la cortesía propia de informar al dignatario departamental, Andrés Julián Rendón, o a sus secretarios, mientras que uno de ellos afirmó que «es grave que se estén saltando al gobernador y socavando su autoridad y dignidad como primer mandatario del departamento».

En la lógica de lo que respecta a la seguridad, que es un tema muy estricto en el país por las condiciones de inseguridad y zozobra que se vive en el estado, es casi que de obligatorio protocolo, que cuando un personaje expuesto públicamente se dirige a alguna parte del territorio colombiano, deben informar a las autoridades departamentales y municipales para coordinar acciones preventivas y de apoyo, además de entregar las garantías en esta materia y poder organizar con la Policía local, más teniendo en cuenta que los alcaldes y gobernadores, son los jefes de la Policía en cada lugar.

En el caso del hermano del presidente, quien tiene un esquema de seguridad de Presidencia de la República, el protocolo debería ser mucho más estricto y es por eso, que la reunión toma además mucha más extrañeza, pues según pudo establecer IFMNOTICAS, ninguna de las Secretarías de Seguridad, ni del departamento ni del Distrito, fueron informadas, notificadas ni requeridas para apoyar.

Pero la molestia pasa no solo desde las instancias de Gobierno a nivel nacional, departamental o distrital; sino que generó incomodidad y preocupación en los cuerpos colegiados de representación democrática, como en la Asamblea de Antioquia y en miembros de la bancada antioqueña en el Congreso.

Desde estas instancias, diputados consultados por IFMNOTICIAS, mostraron su desacuerdo con este tipo de reuniones sin que se utilicen los canales formales para realizarlas. Reconocen que si bien los alcaldes son elegidos popularmente, el Estado ha garantizado unas líneas de interlocución oficiales en donde, en el marco de la democracia representativa, se pueden hacer los esfuerzos para que los mandatarios lleguen al presidente a través de sus representantes en la Duma.

Similar respuesta se encontró en la bancada antioqueña en el Congreso, en donde dos representantes a la Cámara y un senador, manifestaron su preocupación por esta reunión, que calificaron de irregular, toda vez que no se encuentra sentido a la misma cuando los alcaldes de Urabá, tienen todas las garantías y personal para apoyarlos si es que no se quiere usar del conducto regular administrativo.

La molestia es grande, al punto que, políticamente, se habla en algunos escenarios, del intento de una «ruptura institucional» que genera desconfianza entre las instituciones que están dispuestas como canales formales de interlocución oficial y las autoridades locales de la subregión; las mismas que decidieron saltarse los conductos regulares para lograr interlocución no oficial y alterna a través de una reunión clandestina con un privado que, por mucho que sea el hermano del presidente, no es quien para tratar temas oficiales; pues no se trata en este caso de relaciones familiares, sino de situaciones institucionales.

Los alcaldes de la región, a través de uno de ellos, el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, intentaron explicar a IFMNOTICIAS, que la función de Juan Fernando Petro, fue la de escucha e intercesor para enviarle un mensaje al presidente para que los visite y señalaron que entregaron una carta para ser entregada con varios puntos, la misma que fue publicada por este medio.

En esta declaración, señala Abuchar, que la posición de Juan Fernando Petro fue en calidad de hermano del presidente, algo que incrimina a los alcaldes que entregaron a un privado, información oficial sensible, además ligando con lo personal. Pero luego, en la misma declaración, se separa del tema personal del presidente para  decir que no lo fue, sino que fue una reunión privada para buscar el favor del jefe de Estado con la región, cuando para ello existen canales oficiales.

Justo esta dicotomía es la que ha generado la molestia en las diferentes instancias gubernamentales y de representación democrática; y que lleva a más preguntas sobre la manera como fue abordado el tema por los alcaldes, quienes aún no responden por ¿quién los convocó?, ¿quién les sugirió que la reunión fuera con Juan Fernando Petro?, ¿cómo lo contactaron?, ¿quién pagó la cuenta, si fue con recursos públicos o privados?, ¿por qué viajaron todos los mandatarios a Medellín en vez de llevar al presidente a Urabá?; entre otros interrogantes sin respuesta.

Lo cierto es que a cuatro días de la reunión clandestina, el tema no para y continúan las críticas y las informaciones que dan cuenta de secuelas del encuentro, más en momentos, en que en las agendas del Gobierno de Gustavo Petro han ido en la vía de atacar a Antioquia, con las amenazas de dividir su territorio en tres departamentos, con la evidente tendencia de ahogar las finanzas de la región para que no se terminen obras, con los preocupantes antecedentes de las reuniones clandestinas que ha desarrollado el hermano del presidente comunista en el pasado y sus resultados posteriores; y finalmente con la sensibilidad política que tiene el país.

Procuraduría y Contraloría deberán revisar los recursos con los que se llevó a cabo reunión de alcaldes con Juan Fernando Petro