¿Qué se oculta tras la propuesta de crear un Ministerio de Seguridad en Colombia?

La propuesta la han difundido a cuentagotas. Inicialmente, el paracaidista en el petrismo Guillermo Rivera, aseguró que se evalúa el traslado de la Policía al Ministerio del Interior o a una nueva entidad que sería el Ministerio de Seguridad Ciudadana.

Días después, otro paracaidista, Roy Barreras, sostuvo que la Policía sería parte de una nueva cartera que se creará en el gobierno de Gustavo Petro: el Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia. Asimismo, explicó que esa cartera no reemplazará al Ministerio de Defensa, el cual seguirá siendo responsable de las Fuerzas Militares.

Para el ciudadano neófito, los conceptos de seguridad y defensa no son fácilmente distinguibles. En términos simples se puede decir que la seguridad es la conservación del orden doméstico, mientras que la defensa garantiza la soberanía nacional. Así, una distinción fundamental es que la seguridad se enfoca en asuntos internos, mientras que la defensa aborda la salvaguardia de amenazas externas.

Sin embargo, cada país tiene una definición propia de estos conceptos. Brasil, por ejemplo, indica que la defensa nacional «es el conjunto de medidas y acciones del Estado, con énfasis en la expresión militar, para la defensa del territorio, la soberanía y los intereses nacionales contra amenazas preponderantemente externas, potenciales o manifiestas». En cuanto a la seguridad, Brasil considera que «es la garantía a los ciudadanos del ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales».

En el caso de Venezuela, la defensa es «el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de protección, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación». En cuanto a la seguridad, Venezuela establece que «es la condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar de los principios y valores constitucionales».

Esta definición venezolana es útil para detectar las primeras pistas de lo que querría el gobierno entrante en Colombia, con el Ministerio de Seguridad, pues un planteamiento tan ambiguo, que podría estar en la mente del Pacto Histórico, permitiría la interpretación amañada para abusar de los ciudadanos, con el pretexto de la seguridad, intención latente en Gustavo Petro y sus esbirros.

A su turno, en Chile, la defensa «es una de las funciones básicas del Estado, cuyo propósito es proteger a la población, preservar el territorio nacional y resguardar la capacidad del Estado para el ejercicio de su soberanía frente a amenazas externas». De igual forma, el país austral considera la seguridad como «una condición que se desea establecer para que se realicen los fines del Estado y de la Nación, particularmente los del desarrollo social y económico».

¿Cuáles son los fines del Estado, por ejemplo, en un gobierno comunista como el que comenzará a gobernar a Colombia, similar al que desgobierna a Chile? La línea que separa los fines del Estado y los fines particulares del régimen que está en el poder, se desdibuja precipitadamente en los mandatos de quienes ostentan esa ideología.

Es importante, entonces, enfocarse en el componente de seguridad, para establecer los propósitos estratégicos de crear un Ministerio de Seguridad en Colombia. De hecho, los objetivos filosóficos suenan altruistas y alineados con los ejemplos presentados. Sin embargo, lo que debe esclarecerse en el trasfondo, es el concepto relacionado con las amenazas potenciales a esa seguridad, definidas específicamente por el gobierno de turno.

Así las cosas, en Cuba, por ejemplo, las Damas de blanco son consideradas por el régimen comunista como una organización que atenta contra el Estado y socaba los principios de la revolución, desatando persecuciones implacables contra las integrantes en toda la isla. Valga decir que el señalamiento y acoso se basan en la concepción particular de la dictadura, de lo que es la seguridad nacional cubana.

¿En Colombia, cuáles serían las amenazas contra la seguridad del Estado, desde la perspectiva del nuevo gobierno? Al analizar los pronunciamientos del nuevo presidente, resulta fácil identificar algunos «enemigos» internos: Álvaro Uribe, el «uribismo», los medios de comunicación críticos, los periodistas que no se sometan a los dictados del régimen, los terratenientes y los empresarios agropecuarios que permanezcan en la legalidad, pues ellos ya tienen la espada de Damocles sobre sus cabezas, a través de impuestos expropiadores que en ningún momento han sido considerados para los verdaderos latifundistas del país, cuya principal actividad radica en la producción de insumos para el narcotráfico. Con esos enemigos establecidos, resulta importante tener el mecanismo de persecución, que sería el Ministerio de Seguridad, transformando a la Policía Nacional en una policía política del mismo corte de las que padeció Europa del Este.

Es que la doctrina de seguridad implica que el Estado debe conjurar las amenazas contra la existencia e identidad del Estado, especialmente aquellas que ponen en riesgo la institucionalidad, el equilibrio de poderes, la gobernabilidad, el desarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos. Además, el concepto tiene, en la actualidad, un significado más amplio que abarca la protección de intereses vitales políticos y económicos cuya pérdida amenaza los valores fundamentales y la vitalidad del Estado. Es claro que los «intereses políticos vitales» dependerán del gobierno de turno, máxime si se tiene en cuenta la anulación de la separación de poderes que ya se está sufriendo en Colombia.

Siguiendo esta línea, resulta evidente que, para el gobierno Petro, hay medio país que pone en riesgo la institucionalidad, ciudadanía a la que podríamos llamar antipetrismo. Además, con el unanimismo que consiguió en el legislativo, el equilibrio de poderes se ha desdibujado gravemente, no por una situación coyuntural sino por una reinterpretación de dicho equilibrio, en el cual, lo único importante es la alineación de todos los poderes con el proyecto totalitario del ejecutivo, tal y como ocurre en todas las dictaduras en el mundo. Así las cosas, todo aquel que se oponga a tal vejamen, será considerado una amenaza para la seguridad nacional y enfrentará el inmenso poder armado del denominado Ministerio de Seguridad, mientras el ciudadano está en situación de vulnerabilidad e indefensión. Tenebroso propósito el de Gustavo Petro con su adalid Iván Velásquez.