La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles responsabilidades dentro del Fondo Adaptación, tras la denuncia presentada por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, por presuntos hechos de corrupción asociados a un contrato de obras en La Mojana.

Cabe recordar que el proceso está relacionado con el contrato número 385-2025-I, cuyo objeto fue la recuperación de la dinámica hídrica del río Cauca en esa región, el acuerdo, suscrito entre el Fondo Adaptación y el Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025, tuvo un valor superior a los 13.000 millones de pesos.

“Precisamente, en la denuncia conocida por EL TIEMPO se lee que el pasado 12 de abril, Carlos Carrillo recibió un mensaje de texto en el que le exponían un acto de supuesta corrupción”, según se indicó en el documento de la Procuraduría que comunicó sobre la indagación.

Se agregó, además, que los involucrados serían Freddy Alejandro Covilla, representante legal del Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025, y Verónica Villegas, funcionaria del Fondo Adaptación, quien habría solicitado un pago equivalente al 10 % del valor del contrato, cercano a los $1.300 millones de pesos.

Con estas personas se firmó un contrato para recuperar la dinámica hídrica del río Cauca en La Mojana, donde la comunidad se ha visto ampliamente damnificada por cuenta de las inundaciones.

En la denuncia, además, se indicó que dicha solicitud habría sido realizada de manera informal a un representante del contratista, en medio del trámite de los pagos correspondientes al avance de la obra.

La Procuraduría ordenó la apertura de la indagación en averiguación de responsables y dispuso la práctica de pruebas para esclarecer los hechos, en el marco de sus competencias disciplinarias.

El ente precisó además que el caso se evaluó conforme a la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, así como a las competencias establecidas en el Decreto Ley 262 de 2000 y su modificación mediante el Decreto 1851 de 2021.

Asimismo, explicó que la indagación previa procedía cuando existían dudas sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria y que esta tiene una duración inicial de seis meses, prorrogables en casos específicos.

Asimismo, la Procuraduría recordó que el régimen disciplinario también podía cobijar a particulares cuando ejercieran funciones públicas, administraran recursos del Estado o cumplieran labores de supervisión o interventoría en contratos estatales, por lo que la investigación se mantuvo abierta para determinar si alguno de los involucrados en el proceso contractual podría ser sujeto disciplinable dentro de este caso.

La entidad también precisó que el trámite se adelantaba conforme a las disposiciones del Código General Disciplinario y las normas que regulan la competencia de la Procuraduría en materia de contratación estatal.

Se reiteró que, si no se lograba determinar al posible autor o no se configuraban elementos para continuar el proceso, se ordenaría el archivo de la actuación, sin que ello hiciera tránsito a cosa juzgada material.

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