Petro pidió a EE. UU. sancionar oro ilegal que estaría vinculado con el Clan del Golfo

El Gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó a Estados Unidos sancionar la industria del oro ilegal que, según afirmó, financia a organizaciones criminales como el Clan del Golfo. La petición la hizo el jefe de Estado luego de conocer un reportaje de The New York Times, en el que se indicó que la Casa de la Moneda de Estados Unidos habría adquirido durante años oro asociado a cadenas de suministro vinculadas a grupos criminales en Colombia, entre ellos el Clan del Golfo.

El pasado 27 de abril, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema a través de su cuenta en X, tras la difusión del reportaje sobre minería ilegal en zonas del departamento de Antioquia, incluida Caucasia.

En su mensaje, el mandatario propuso que el Estado retomara el control total de la compra de oro en el país mediante el Banco de la República, lo que, según explicó, implicaría avanzar hacia un monopolio estatal sobre la adquisición del mineral, lo que requeriría una reforma de carácter constitucional.

Petro señaló que el origen del problema se relacionaba con decisiones adoptadas décadas atrás, cuando se abrió el mercado del oro a actores privados. Según afirmó, esa estructura habría facilitado la financiación de grupos armados ilegales.

El jefe de Estado también sostuvo que la economía ilícita en Colombia estaba vinculada a disputas territoriales entre organizaciones criminales, relacionadas con el control de zonas mineras y cultivos ilícitos.

En su pronunciamiento, el presidente cuestionó el marco normativo del sector minero, al que atribuyó efectos negativos sobre los pequeños productores. De acuerdo con lo que expresó, la regulación vigente habría favorecido a grandes compañías en detrimento de la minería artesanal.

Asimismo, Petro mencionó que existía un proyecto de reforma en el Congreso orientado a modificar la estructura del sector, aunque señaló que su trámite no había avanzado debido a presuntas influencias de intereses ilegales dentro de instituciones y sectores políticos.

El mandatario sostuvo que las acciones estatales contra la minería ilegal no habían sido suficientes, en parte por la presunta infiltración de estructuras criminales en algunos niveles de la fuerza pública, lo que dificultaría el control efectivo de la actividad.

En el reportaje del The New York Times sobre llamado: Para rastrear el oro del gobierno de EE. UU. hasta un cartel de Colombia, un equipo de tres periodistas llevó a cabo una investigación en la que rastreó la cadena de suministro del oro utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, con el objetivo de determinar su origen real.

El reportaje además reveló que la institución habría adquirido oro que, en la práctica, procedía de fuentes extranjeras, a pesar de que las normas establecían que debía ser oro extraído en Estados Unidos para las monedas destinadas a inversionistas.

Según la investigación, los periodistas siguieron el rastro del metal desde intermediarios en Estados Unidos hasta proveedores en América Latina, incluyendo Colombia, donde se identificaron conexiones con zonas de minería ilegal controladas por grupos criminales.

El equipo periodístico también documentó que el oro pasaba por diferentes intermediarios antes de llegar a fundidoras que lo mezclaban con otros materiales, lo que dificultaba determinar su origen exacto.

De acuerdo con el artículo, durante el trabajo de campo en el país, los reporteros visitaron áreas mineras donde operaban estructuras ilegales vinculadas a organizaciones criminales, entre ellas, como se dijo al inicio, el Clan del Golfo, considerado por Estados Unidos como un grupo de carácter terrorista.

La investigación indicó que en estas zonas la minería ilegal se desarrollaba con maquinaria pesada y métodos de extracción que generaban un alto impacto ambiental, además de estar asociada a dinámicas de violencia y control territorial.

El reportaje señaló que parte de ese oro era vendido a intermediarios locales, quienes lo introducían en cadenas comerciales internacionales que terminaban conectando con exportadores y, finalmente, con el mercado estadounidense.

Fiscalía reportó ocho capturas por presuntos delitos electorales durante la jornada presidencial.