Paro arrocero en Colombia: crisis de precios, bloqueos viales y urgencia por mejorar la vía Panamericana

Desde el pasado 14 de julio de 2025, agricultores arroceros de al menos siete departamentos iniciaron un paro indefinido para exigir al Gobierno el cumplimiento de acuerdos firmados en marzo. Los productores denuncian que el precio actual del arroz paddy verde, entre 170.000 y 185.000 pesos por carga, no cubre los costos de producción, que ascienden a pérdidas de hasta $2.000.000 millones de pesos por hectárea. Exigen precios mínimos entre 205.000 y 220.000 pesos, subsidios y financiamiento según cada región. 

Los bloqueos se han registrado en vías estratégicas como las de Tolima, Huila, Meta, Casanare, Córdoba, Santander y Arauca, con cierres intermitentes que han paralizado el transporte de carga y pasajeros. Según gremios de transporte, más de 11.000 vehículos se han visto afectados diariamente, generando pérdidas estimadas entre 1.600 y 1.750 millones de pesos por día. 

El Gobierno Nacional propuso una resolución que permite el régimen de libertad regulada de precios, estableciendo precios mínimos regionales y obligando a indicar el país de origen del arroz en puntos de venta. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural justificó la medida por una caída del 11,8 % en los precios al productor en 2024 y un inventario nacional de 534.940 toneladas, un 67,8 % por encima del promedio de la última década. 

El paro ha reactivado el debate sobre la necesidad de mejorar infraestructura vial, en particular la vía Panamericana, considerada un corredor clave para la distribución del arroz y otros productos. Expertos advierten que su estado actual, con tramos angostos, falta de doble calzada y deterioro, aumenta el riesgo de accidentes y el tiempo de transporte, lo que impacta directamente la cadena logística del grano. 

Mientras tanto, los diálogos entre los productores y el Gobierno continúan sin acuerdos definitivos. Los arroceros sostienen que no levantarán el paro hasta obtener soluciones inmediatas, que garanticen precios justos, protección frente a importaciones y seguridad para sus cultivos y vidas. La población nacional evalúa los efectos en la canasta familiar y la cadena productiva agropecuaria, mientras las vías principales del país permanecen intervenidas.

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