Paloma Valencia denunció que el gobierno Petro completó tres años sin contratar erradicación manual de cultivos ilícitos

La erradicación manual de cultivos ilícitos en Colombia alcanzó durante el actual gobierno la cifra más baja desde que comenzó el seguimiento estadístico de esta política en 2010. De acuerdo con información conocida en las últimas horas, la reducción en las labores de erradicación llega al 92% frente a años anteriores.

El tema volvió a generar debate luego de que se señalara que, en los últimos tres años, el Gobierno Nacional no ha logrado contratar los servicios destinados a la erradicación manual de cultivos de uso ilícito. Según los reportes divulgados, los procesos de licitación adelantados para este propósito han terminado declarándose desiertos.

La erradicación manual ha sido una de las principales estrategias implementadas por el Estado colombiano para intervenir territorios con presencia de cultivos ilícitos. Esta labor ha estado a cargo de grupos especializados que ingresan a zonas rurales para eliminar plantaciones de coca mediante procedimientos terrestres.

Durante administraciones anteriores, esta política se desarrolló de manera simultánea con otras medidas como la sustitución voluntaria de cultivos y operaciones de interdicción contra estructuras dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, las cifras recientes muestran una disminución significativa en las operaciones manuales.

De acuerdo con lo indicado por la senadora Paloma Valencia y otros miembros de la oposición, la reducción en la erradicación de cultivos se relaciona con un eventual incremento de actividades ilegales asociadas al narcotráfico. Entre los cuestionamientos planteados se menciona el crecimiento de fenómenos como la producción de cocaína, las extorsiones y los secuestros en algunas regiones.

Las críticas más recientes cuestionaron los resultados de la estrategia de seguridad y de lucha contra las drogas implementada por el Gobierno Nacional. En esos pronunciamientos también se hizo referencia al aumento del poder territorial y armado de organizaciones ilegales en distintas zonas del país.

Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado cambios en la política de erradicación manual ni ha confirmado nuevos procesos contractuales para reactivar estas operaciones. Tampoco se han dado a conocer fechas para una eventual adjudicación de contratos relacionados con esta actividad.

En diferentes escenarios, el Ejecutivo ha defendido la necesidad de priorizar programas de sustitución de cultivos y transformación territorial como parte de su estrategia antidrogas. La administración del presidente Gustavo Petro ha insistido en que el enfoque debe concentrarse en atacar las estructuras financieras del narcotráfico y promover alternativas económicas para las comunidades campesinas.

Entretanto, las cifras sobre reducción de erradicación manual continúan generando reacciones entre sectores políticos, analistas de seguridad y autoridades regionales, especialmente en departamentos con alta presencia de cultivos ilícitos. El debate se mantiene abierto mientras persisten las discusiones sobre el rumbo de la política antidrogas y sus resultados en materia de seguridad y control territorial.