Ministerio de Trabajo impuso medidas a Caracol Televisión tras evidenciar fallas en manejo de denuncias por acoso laboral y sexual

El Ministerio de Trabajo ordenó la adopción de medidas preventivas a la sociedad Caracol Televisión S.A., luego de identificar riesgos de vulneración de derechos fundamentales de trabajadores, en el marco de una actuación administrativa derivada de una visita de inspección a sus instalaciones, que incluyó también a Blu Radio.

De acuerdo con el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, expedido por la Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo, la decisión se fundamenta en hallazgos que advierten “patrones de conducta reiterados, la existencia de múltiples víctimas y la presencia de barreras estructurales para la denuncia”, en casos relacionados con acoso sexual laboral y acoso laboral.

El documento señala que, aunque la compañía cuenta formalmente con instrumentos internos para la gestión de denuncias —como políticas de prevención, líneas éticas y comités de convivencia laboral—, estos deben ser evaluados en términos de su efectividad real. Según la autoridad, el ordenamiento jurídico no solo exige la existencia de estos mecanismos, sino su capacidad para prevenir y evitar la repetición de conductas que afecten la dignidad de los trabajadores.

En ese sentido, el Ministerio ordenó la implementación inmediata de medidas orientadas a proteger derechos como la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad y el trabajo en condiciones dignas. Entre las decisiones adoptadas se incluyen acciones de protección para denunciantes, presuntas víctimas y testigos, con el fin de evitar escenarios de revictimización, presión laboral o cualquier forma de hostigamiento.

Asimismo, se estableció la obligación de diseñar e implementar medidas de reparación integral en un plazo no superior a cinco días hábiles, las cuales deberán ser concertadas con las presuntas víctimas y podrán incluir acciones simbólicas, institucionales y restaurativas, garantizando la confidencialidad.

El acto administrativo también ordena la apertura de una investigación interna, con enfoque de género, que permita esclarecer los hechos denunciados el 13 de marzo de 2026, identificar posibles responsabilidades y adoptar medidas correctivas que eviten su repetición. Esta obligación se mantiene incluso si los presuntos implicados ya no tienen vínculo laboral con la empresa.

Adicionalmente, el Ministerio dispuso investigar la filtración de información relacionada con los casos, con el objetivo de determinar posibles fallas en los protocolos de confidencialidad, así como adelantar un proceso de reconstrucción de actuaciones previas frente a uno de los implicados, con el fin de establecer el manejo histórico de las denuncias y las razones por las cuales no se habrían estructurado procesos disciplinarios formales.

Otra de las órdenes incluye el ajuste inmediato de los mecanismos de denuncia y trazabilidad, para garantizar registros verificables y seguimiento efectivo de cada caso, desde su recepción hasta su cierre.

La decisión también enfatiza la obligación de garantizar que no se adopten represalias contra quienes hayan denunciado o participen en los procesos, en línea con la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional.

Estas medidas se adoptan en medio de un contexto en el que las denuncias no solo han sido presentadas por presuntas víctimas, sino que también han sido visibilizadas por medios de comunicación como Brava News, lo que, según el Ministerio, refuerza la necesidad de adoptar acciones inmediatas y estructurales.

El acto administrativo tiene carácter preventivo y de ejecución inmediata, y contra él no procede recurso alguno, al no poner fin a la actuación administrativa en curso. Entretanto, el Ministerio de Trabajo continuará con el proceso de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas.