El Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de decreto con el que busca modificar las reglas del mercado del gas natural en Colombia, en una apuesta del Gobierno nacional por aumentar la oferta del combustible, garantizar el abastecimiento y reducir el impacto de las tarifas sobre los usuarios.

Según se supo, la iniciativa fue presentada por el ministro Edwin Palma, quien aseguró que la medida tiene como propósito poner fin a la “intermediación de aquellas empresas que solo buscan márgenes costosos y que terminan encareciendo las tarifas”.

El documento propuso cambios al Decreto 1073 de 2015, norma que regula el sector administrativo de Minas y Energía, y planteó nuevas disposiciones para enfrentar escenarios de estrechez en la oferta de gas natural de producción nacional.

De acuerdo con el Gobierno, las modificaciones buscan fortalecer la continuidad, confiabilidad y seguridad del abastecimiento energético, especialmente en momentos de presión sobre el sistema y aumento de la demanda.

En el texto, se argumentó que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios y de ejercer control sobre los mercados estratégicos para evitar afectaciones a los ciudadanos.

Bajo esa premisa, el Ministerio sostiene que el nuevo esquema permitiría una mayor intervención para controlar prácticas especulativas dentro de la cadena de comercialización del gas.

Uno de los puntos centrales del proyecto estuvo relacionado con la comercialización del gas importado, por lo cual decreto propuso que las empresas que importen directamente el combustible y atiendan usuarios finales puedan ser consideradas simultáneamente comercializadores de gas importado, buscando reducir intermediarios en la cadena y, con ello, disminuir costos adicionales trasladados a las facturas de los consumidores.

Asimismo, el documento redefinió conceptos técnicos y contractuales dentro del mercado energético, entre los que se destacó la modificación de los llamados contratos firmes sujetos a condiciones, una modalidad que permitiría garantizar el suministro de determinadas cantidades de gas natural sin interrupciones, incluso en contextos de mantenimiento programado o contingencias definidas por la regulación vigente.

Otro de los aspectos relevantes del decreto es la redefinición de la demanda esencial, categoría que prioriza sectores considerados estratégicos para el suministro de gas.

Según el proyecto, en casos de estrechez en la oferta se priorizaría el abastecimiento para usuarios residenciales, pequeños comercios conectados a redes de distribución, estaciones de compresión del sistema nacional de transporte y el sector de gas natural vehicular.

El proyecto también incluyó disposiciones sobre infraestructura de regasificación, es decir, las instalaciones encargadas de transformar gas natural importado en estado líquido a gaseoso para su distribución en el país.

El Gobierno señaló que, cuando estas infraestructuras sean incorporadas al Plan de Abastecimiento de Gas Natural, podrán ser consideradas extensiones estratégicas del sistema nacional de transporte, aunque mantendrían condiciones especiales de operación y acceso.

Desde el Ministerio de Minas y Energía señalaron que las medidas respondieron a la necesidad de fortalecer la soberanía energética y garantizar precios más justos para los consumidores.

Por lo que se insistió en que el actual contexto del mercado internacional y las limitaciones en la producción nacional, obligaron a adoptar mecanismos regulatorios que permitan estabilizar el sistema y evitar incrementos desproporcionados en las tarifas.

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