La salud en Colombia. El sistema que recibirá el próximo presidente entre crisis financiera, escasez de medicamentos y la necesidad de una reconstrucción urgente

La salud será, probablemente, el mayor reto social que deberá enfrentar el próximo gobierno colombiano. Más allá de las disputas ideológicas y políticas que han marcado los últimos cuatro años, existe un consenso creciente entre pacientes, médicos, hospitales, aseguradores, farmacéuticas y expertos en salud pública: el sistema atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente.

La situación contrasta con la realidad que vivía el país durante las dos décadas anteriores. Aunque el sistema colombiano presentaba problemas estructurales y requería ajustes permanentes, había logrado consolidar niveles de cobertura superiores al 95%, acceso relativamente amplio a tratamientos de alta complejidad y una red de atención que permitió que, enfermedades que décadas atrás significaban una sentencia de muerte, pudieran ser tratadas con oportunidad. Hoy el panorama es distinto.

Las quejas por demoras en citas médicas, cirugías aplazadas, tratamientos suspendidos y escasez de medicamentos se han convertido en una constante en numerosas regiones del país. Las filas frente a dispensarios farmacéuticos, las tutelas para acceder a servicios básicos y las denuncias de pacientes han pasado a ocupar un lugar permanente en la agenda pública.

Un sistema que pasó de la reforma al deterioro

Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, la salud fue uno de los principales frentes de transformación planteados por la administración nacional.

La propuesta buscaba modificar profundamente el modelo basado en aseguramiento popular bajo modelo de estatalización del sistema acabando con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para lo que inició un agresivo proceso de intervención, trasladando gran parte de la gestión hacia estructuras públicas y fortaleciendo un modelo de atención primaria territorial, un plan que no dio resultado.

Sin embargo, la reforma impulsada por el Ejecutivo encontró resistencia en amplios sectores políticos, académicos y técnicos. Finalmente, el proyecto no logró consolidarse plenamente en el Congreso con la fracasada iniciativa de reforma a la salud.

Tras ese revés legislativo, el Gobierno avanzó mediante decretos, resoluciones e intervenciones administrativas sobre varias EPS, modificando progresivamente aspectos fundamentales del funcionamiento del sistema.

Diversos actores del sector consideran que estas decisiones generaron incertidumbre institucional y financiera, afectando la capacidad operativa de aseguradores, prestadores y proveedores de medicamentos y sumiendo al país en la crisis que ahora deberá enfrentar el próximo presidente.

La crisis de las EPS y el problema financiero

Uno de los puntos más delicados es la situación financiera del sistema. Durante los últimos años se profundizó el debate sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos que recibe el sistema por cada afiliado para cubrir sus necesidades de atención.

Numerosas EPS advirtieron que los recursos transferidos resultaban insuficientes frente al crecimiento de los costos médicos, el envejecimiento de la población y la incorporación de nuevas tecnologías y tratamientos. Finalmente terminaron denunciando que el gobierno Petro dejó de transferir los recursos de la salud y debieron actuar jurídicamente.

Con estos retrasos en pagos, deudas acumuladas y dificultades de flujo de recursos se terminó destruyendo el sistema y afectando directamente a hospitales, clínicas y proveedores.

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) comenzaron a reportar crecientes dificultades para sostener operaciones, pagar personal médico y adquirir insumos.

El resultado ha sido una cadena de problemas financieros que impacta cada eslabón de la atención, creciendo el número de muertos por falta de atención oportuna.

La escasez de medicamentos, uno de los mayores dramas

Uno de los fenómenos más visibles para los ciudadanos ha sido la dificultad para acceder a medicamentos. Pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas, cardiovasculares, oncológicas y metabólicas han denunciado retrasos prolongados en la entrega de tratamientos esenciales.

Mientras el Gobierno ha señalado en diversas ocasiones a EPS y operadores logísticos como responsables de la situación, distintos sectores de la industria farmacéutica y del sistema sanitario han planteado una visión más amplia del problema.

Expertos consultados por organizaciones del sector señalan factores como demoras regulatorias, dificultades en procesos de importación, trámites asociados al INVIMA, problemas de planificación de abastecimiento y una creciente deuda estatal con diferentes actores del sistema. En resumen, un problema estructural dentro de un nuevo modelo que acabó con lo que antes funcionaba.

La combinación de estos elementos ha generado interrupciones en cadenas de suministro que durante años funcionaron con relativa estabilidad. La consecuencia más grave ha recaído sobre los pacientes. Asociaciones de usuarios han alertado sobre casos de deterioro clínico por suspensiónión de tratamientos e incluso sobre fallecimientos asociados a la imposibilidad de acceder oportunamente a medicamentos especializados.

El debate sobre el regreso a modelos centralizados

Otro de los temas que marcará la discusión futura es el modelo de atención. La propuesta gubernamental buscó fortalecer redes territoriales de atención primaria, equipos médicos comunitarios y presencia de personal sanitario en zonas rurales y apartadas.

Aunque muchos expertos consideran necesario reforzar la atención preventiva y comunitaria, también advierten que el país enfrenta limitaciones significativas de talento humano en salud.

Colombia presenta déficits de especialistas en múltiples áreas, dificultades de cobertura en regiones alejadas y problemas históricos para garantizar condiciones laborales atractivas para médicos y profesionales sanitarios.

Por ello, algunos analistas consideran que una estrategia exclusivamente basada en atención primaria difícilmente podría reemplazar la compleja red de aseguramiento, referencia, contrarreferencia y atención especializada construida durante décadas.

¿Qué deberá hacer el próximo presidente?

La reconstrucción del sistema exigirá medidas inmediatas y reformas de largo plazo.

La primera prioridad será recuperar la confianza institucional entre todos los actores: EPS, IPS, pacientes, médicos, farmacéuticas, autoridades territoriales y organismos reguladores.

También será necesario resolver el problema financiero mediante una revisión técnica de la UPC, el saneamiento de deudas acumuladas y la garantía de flujos oportunos de recursos.

Los expertos coinciden en que ningún sistema puede funcionar adecuadamente si hospitales, clínicas y proveedores operan sin liquidez. Otra tarea urgente será restablecer la disponibilidad de medicamentos.

Para ello será fundamental fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Salud, el INVIMA, distribuidores, laboratorios y operadores logísticos, eliminando cuellos de botella regulatorios y administrativos.

Una reforma basada en consensos

Diversos sectores coinciden en que el país no necesita destruir completamente el modelo existente ni regresar a esquemas centralizados y fracasados como lo fue el Instituto de los Seguros Sociales, que ya mostraron limitaciones históricas.

La mayoría de las propuestas plantean corregir fallas, fortalecer la supervisión, mejorar la transparencia, combatir la corrupción y ampliar la atención preventiva sin desmontar los mecanismos que permitieron alcanzar cobertura casi universal.

También se plantea avanzar hacia sistemas de información más modernos, historia clínica interoperable, inteligencia artificial aplicada a la gestión sanitaria y fortalecimiento de redes regionales de atención.

El objetivo no sería regresar al pasado ni conservar intacto el presente, sino construir un modelo sostenible que combine acceso, calidad y estabilidad financiera.

Un desafío que definirá el próximo gobierno

La salud será mucho más que una política pública para la administración que llegue al poder. Será una prueba de gobernabilidad, capacidad técnica y liderazgo institucional.

Lo que ocurra en los próximos años determinará si Colombia logra recuperar un sistema que durante décadas fue reconocido por sus avances o si continúa profundizando una crisis que hoy afecta directamente a millones de pacientes.

La prioridad será devolverle al ciudadano la certeza de que podrá acceder a una cita médica, recibir sus medicamentos y encontrar atención oportuna cuando más lo necesite. Esa será, probablemente, la primera gran deuda que el próximo presidente deberá saldar con el país.