La educación pública en Colombia. El desafío estructural que heredará el próximo gobierno

La educación ha sido históricamente presentada como el principal instrumento de movilidad social y desarrollo económico de Colombia. Sin embargo, los indicadores actuales muestran un sistema que acumula desafíos estructurales que trascienden gobiernos y que hoy exigen soluciones urgentes.

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, Colombia cuenta con aproximadamente 7,8 millones de estudiantes en educación básica primaria y secundaria, además de cerca de 1,2 millones en educación media. A ello se suman más de 2,4 millones de estudiantes matriculados en educación superior, de los cuales alrededor de 700.000 cursan estudios en universidades públicas.

Pese a la magnitud de estas cifras, expertos coinciden en que el sistema enfrenta problemas que afectan tanto la cobertura como la calidad de la enseñanza en responsabilidad del Gobierno.

La educación básica. Cobertura amplia, pero calidad en discusión

Uno de los principales retos se encuentra en la educación pública básica y media. Durante las últimas décadas, Colombia logró importantes avances en cobertura escolar, permitiendo que millones de niños accedieran a las aulas. Sin embargo, las evaluaciones nacionales e internacionales continúan reflejando dificultades significativas en competencias fundamentales como matemáticas, lectura crítica, ciencias y comprensión textual.

Las pruebas PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han mostrado de manera reiterada que los estudiantes colombianos se encuentran por debajo del promedio de los países desarrollados en áreas clave para la competitividad global. A ello se suman problemas persistentes de infraestructura educativa.

En numerosos municipios del país existen instituciones con deterioro físico, falta de laboratorios, bibliotecas insuficientes, limitaciones tecnológicas y deficiencias en conectividad digital. La situación es especialmente compleja en zonas rurales, donde muchas escuelas operan con limitaciones de acceso, transporte y recursos pedagógicos.

Otro de los debates recurrentes gira en torno al sistema docente y los mecanismos de evaluación. Diversos sectores académicos han planteado la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación permanente, formación continua y actualización pedagógica de los maestros. Por su parte, organizaciones sindicales como Fecode defienden los derechos laborales del magisterio y reclaman mayores inversiones estatales para garantizar mejores condiciones de trabajo, impidiendo que el sistema de calidad avance.

La crisis de salud del magisterio

Uno de los episodios más polémicos de los últimos años ha sido la transformación del sistema de salud de los docentes, un tema que el nuevo presidente deberá asumir. El nuevo modelo implementado para el magisterio generó múltiples denuncias relacionadas con dificultades de atención médica, entrega de medicamentos y acceso a servicios especializados.

Las protestas de maestros en distintas regiones evidenciaron las dificultades operativas del sistema y la inconformidad de amplios sectores educativos frente a la prestación de los servicios. Aunque la responsabilidad es del Gobierno, cómodamente los directivos de Fecode apuntan a la entidad del gobierno encargada de la administración de los servicios de salud para el magisterio, no al "gobierno", todo en medio de la ideologización de la izquierda.

Aunque el Gobierno ha defendido los cambios realizados, la situación se convirtió en uno de los temas más sensibles para la comunidad docente durante los últimos años. La crisis de la salud también afecta al magisterio y con ello contribuye a la crisis en la educación del país.

Universidades públicas. Financiación insuficiente y conflictos internos

En el ámbito de la educación superior pública, el panorama tampoco resulta sencillo y es un tema sensible que el nuevo presidente tendrá que afrontar. Las universidades estatales han denunciado durante años problemas de financiación que afectan su capacidad para ampliar cobertura, modernizar infraestructura y fortalecer procesos de investigación.

Aunque diferentes gobiernos han realizado esfuerzos para incrementar recursos, los rectores y organizaciones universitarias continúan advirtiendo sobre déficits presupuestales acumulados y corrupción al interior de las universidades públicas.

La situación impacta directamente laboratorios, edificios, bibliotecas, programas académicos y contratación de docentes. Paralelamente, varias universidades públicas han enfrentado tensiones institucionales derivadas de disputas políticas internas, procesos de elección de directivos y debates sobre autonomía universitaria.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, las universidades públicas del país han sido campo de batalla política, con el presidente y el gobierno moviendo hilos contra quienes se resisten a que las universidades pierdan su neutralidad e independencia. Gustavo Petro ha buscado por todos los medios apoderarse de las rectorías y de las instancias directivas colegiadas en busca de asegurar el poder. Las universidades para el proyecto de la izquierda petrista son uno de los principales escenarios ideológicos para lograr el cambio de modelo de país y para ello ha vulnerado al límite de la ley y los procesos internos, en actos que han llegado a instancias judiciales.

Casos que han marcado la discusión nacional

La Universidad Nacional de Colombia ha sido escenario recurrente de controversias relacionadas con procesos de designación de rectoría y conflictos internos sobre gobernabilidad institucional. Las discusiones sobre autonomía universitaria, representación estudiantil y participación del Gobierno Nacional en órganos directivos han generado amplios debates académicos y políticos.

La Universidad Pedagógica Nacional también ha estado en el centro de discusiones sobre financiación, gobernanza y orientación de políticas educativas y, recientemente, por servir de trinchera para esconder a grupos de vandalismo que han atacado a candidatos opositores y sedes políticas, también de la oposición.

Por su parte, la Universidad de Antioquia ha enfrentado dificultades financieras, tensiones laborales y problemas de orden público en algunos de sus campus, además de debates sobre sostenibilidad presupuestal. El mayor escándalo estuvo en la presencia del consejo directivo del delegado del Gobierno Nacional, un polémico funcionario de inteligencia que generó dudas sobre la idoneidad y propósito de su presencia en el cuerpo colegiado.

En la Universidad Popular del Cesar se han presentado controversias relacionadas con procesos administrativos, manejo institucional y disputas internas que han generado preocupación entre distintos sectores académicos. En este claustro, el gobierno utilizó a la polémica Juliana Guerrero, una joven que habría obtenido su título sin graduarse y quien representa poderosamente al presidente en instancias que manipularon la elección del rector.

Aunque cada caso posee características particulares, todos reflejan un problema común, la necesidad de fortalecer la gobernabilidad, la transparencia y la estabilidad institucional en la educación superior pública; temas en los que tendrá que intervenir y que heredará el nuevo gobierno.

Orden público y seguridad en los campus

Otro tema que genera preocupación es la presencia recurrente de hechos violentos en algunas universidades públicas. Autoridades locales han advertido en diferentes ocasiones sobre la utilización de espacios universitarios por parte de grupos encapuchados que protagonizan disturbios, bloqueos y ataques contra infraestructura pública.

Los enfrentamientos con la fuerza pública han generado daños materiales y afectaciones a la movilidad urbana en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Desde las mismas universidades, se señala a personas externas a la comunidad estudiantil que utilizan las universidades públicas como trincheras.

Se trataría de grupos de milicias de los grupos ideologizados de la izquierda radical, algunos de ellos vinculados a las guerrillas del ELN, Farc y otros movimientos como el M-19, que utilizan las universidades como trincheras aprovechando que a ellas no puede ingresar la fuerza pública.

Las denuncias las han hecho recurrentemente mandatarios locales, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes además han denunciado que existen estudiantes que están matriculados en una carrera desde hace más de 20 años, en una táctica ideológica de reclutamiento, en donde en realidad se matriculan, pero no buscan terminar una carrera, sino tener las credenciales para actuar políticamente dentro de las universidades en representación de estructuras violentas y subversivas.

Mientras sectores estudiantiles defienden el derecho a la protesta, otros miembros de la comunidad universitaria reclaman mayores garantías para el desarrollo normal de las actividades académicas y el fortalecimiento de la seguridad dentro de los campus, viviéndose actualmente una polarización interna.

El desafío de la deserción y la empleabilidad

Más allá de la financiación y la infraestructura, Colombia enfrenta otro problema de gran magnitud: la deserción estudiantil. Miles de jóvenes abandonan cada año sus estudios por razones económicas, familiares o laborales.

La situación se agrava en regiones con mayores niveles de pobreza y menor acceso a oportunidades. Adicionalmente, persiste una brecha entre las necesidades del mercado laboral y algunas ofertas académicas, lo que plantea la necesidad de fortalecer la educación técnica, tecnológica y la formación para el trabajo.

En una realidad en que en Colombia existe un déficit de cupos escolares y universitarios y que el acceso a los más pobres y vulnerables ha sido una constante histórica, una deuda que aún tiene el país en materia de equidad. Esta realidad debe ser prioridad para el nuevo presidente, permitiendo que la formación universitaria llegue a todas las regiones, incluyendo las más apartadas, a las comunidades étnicas y abandonadas por el Estado.

Al tiempo, el nuevo presidente tiene como reto solucionar los problemas que generan deserción entre quienes quieren estudiar y alcanzan un cupo escolar o universitario. La deserción documentada está dada por razones de seguridad en sus territorios, soluciones de transporte, falta de conectividad, hambre o falta de recursos.

¿Qué deberá hacer el próximo presidente?

El próximo gobierno enfrentará la tarea de diseñar una política educativa integral que aborde simultáneamente calidad, cobertura, infraestructura y gobernabilidad.

Entre las prioridades identificadas por expertos se encuentra el modernizar la infraestructura educativa nacional, fortalecer los procesos de formación y evaluación docente, mejorar los resultados académicos en competencias básicas, garantizar sostenibilidad financiera para las universidades públicas, reducir la deserción escolar y universitaria, impulsar programas de conectividad y transformación digital, fortalecer la educación técnica y tecnológica, garantizar la autonomía universitaria dentro de marcos de transparencia institucional, recuperar entornos seguros para el desarrollo de actividades académicas, promover investigación, innovación y desarrollo científico, entre otras.

La educación será uno de los pilares sobre los cuales se definirá la competitividad del país durante las próximas décadas. Más allá de las diferencias ideológicas, el reto consistirá en construir consensos que permitan fortalecer un sistema que hoy forma a millones de colombianos y que continúa siendo la principal herramienta para reducir desigualdades, generar oportunidades y asegurar el desarrollo nacional.