Juan Espinal demandó ante el Consejo de Estado el traslado de internos autorizado por el INPEC para acto con Petro

El representante a la Cámara Juan Espinal radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) los días 19 y 20 de junio, mediante las cuales se autorizó el traslado de varios internos de la cárcel La Paz de Itagüí hacia la plazoleta de La Alpujarra, con el fin de participar en un acto público encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Según el congresista, dichas resoluciones carecen de sustento jurídico y contravienen lo establecido en la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, y en la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, al permitir traslados con fines distintos a los previstos por la normativa vigente.

En el texto de la demanda se señala que el traslado de los internos fue realizado a solicitud de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien habría actuado en calidad de “Coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana”, una figura que no se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano ni entre los funcionarios legalmente facultados para solicitar traslados de personas privadas de la libertad.

Durante el evento realizado el 21 de junio, los internos participaron con intervenciones públicas que incluyeron declaraciones políticas y señalamientos a autoridades locales. Estas intervenciones fueron difundidas por distintos medios de comunicación, lo que, según la demanda, evidenció el carácter político y mediático de las actuaciones administrativas del INPEC.

Espinal manifestó que las decisiones adoptadas por el instituto vulneran principios fundamentales del Estado de Derecho, como la separación de poderes, la reserva judicial y el principio de legalidad. “El sistema penitenciario colombiano no puede ser instrumentalizado con fines políticos. El INPEC debe mantener su naturaleza técnica y jurídica, alejada de cualquier interferencia externa”, afirmó el representante.

Según le informaron a IFMNOTICIAS, la acción interpuesta ante el Consejo de Estado busca restablecer el orden jurídico, reafirmar la competencia exclusiva de la rama judicial en la ejecución de las penas y prevenir la repetición de hechos que, según el congresista, podrían afectar la institucionalidad penitenciaria del país.