Informe de la comisión de la verdad: una historia amañada

Por Mauricio Morales Moreno Polítologo

Primero que todo señor lector, usted debe debe saber que este asunto de los informes de la comisión de la verdad, es un ejercicio político de las izquierdas, en el marco de la implementación de los mal denominados «acuerdos de paz».

Donde dichas fuerzas políticas, reclaman para sí el derecho a escribir la historia como ganadoras de una contienda, se dice que quien gana la guerra es quien gana el derecho a escribirla, por lo visto dichas fuerzas se consideran ganadoras y poseedoras de la razón y de la verdad.

A la luz de este informe, son las fuerzas de las coaliciones de izquierda que recientemente han sido proclamadas como ganadoras en las urnas, quienes a su vez parecieran ser las verdaderas vencedoras del conflicto armado colombiano, a la luz del contenido de 515 páginas de este primer informe de la «comisión de la verdad»

Allí se evidencia que la sociedad civil no es la gran protagonista del informe; la forma de proceder y la orientación sesgada para formular dicho informe, no ha sido lo suficientemente neutral para promover la equidad y la ecuanimidad, de las que tanto se habla en política.

En consecuencia, el carácter de este ejercicio de divulgación, no ha sido decir lo que corresponde sobre los actores sociales, en el marco del histórico conflicto armado que ha vivido el país.

Por el contrario, ha sido un informe que bajo ninguna circunstancia ha tenido como propósito genuino, el transparentar realidades históricas, sino que su propósito más bien ha sido de carácter eminentemente partidista e ideológico, allí en la construcción de la verdad, no están involucrados todos los actores sociales, y esa es realmente una falta grave de la comisión.

Los resultados de un informe amañado y ocultador de la realidad para nuestra historia y nuestra educación, no podemos esperar que sean los mejores; en un país de por sí bastante ignorante, ahora vamos a tener que someternos a narrativas falsas que dominarán el diálogo político en adelante.

Donde nuestros niños y jóvenes nunca sabrán que en Colombia hemos tenido un fenómeno subversivo que en su momento pasó a ser el actor principal del problema narco, el cual atentó contra el orden constitucional y legal; así mismo que atentó contra la vida, la honra y bienes de las personas.

Estos informes sesgados y amañados, ocasionarán vacíos muy grandes a la epistemología y a la historia del conflicto armado, que confundirán a quienes estudien el caso colombiano y a las generaciones por venir.

Es un costo muy alto para el país, que las izquierdas sean las únicas fuerzas aportantes de intelectualidad en la formulación de estos informes, hablando únicamente sobre lo que les conviene, y generando así tremendos vacíos de conocimiento.

Vacíos que no nos permitirán comprender a futuro los orígenes de esas violencias que ha tenido nuestra sufrida sociedad colombiana, recordemos que un país que desconozca su historia está condenado a repetirla.

A simple vista lo que podemos ver es que todo criterio y concepto emitido por este primer informe y seguramente por los informes por venir, son única y exclusivamente para ampliar, reforzar y justificar la narrativa ideológica del gobierno entrante, además que se expresa con un lenguaje marcadamente izquierdópata.

No hay diferencia de conceptos entre la narrativa de la comisión de la verdad, y el discurso político utilizado por quienes recién llegan al poder, tras una discutible confrontación electoral, donde los implicados vencedores, acudieron a unos sucios y vergonzosos métodos para ganar en las urnas.

Podemos ver cómo aquí en este informe, se están incluyendo temas de género e ideologías varias, construyendo todo un contexto discursivo, simplemente para reforzar posiciones políticas e ideológicas, pero no para decir las verdades que necesita el país y que se supone, son el fin último de estos informes.

Es obvio y natural que tras los graves desajustes políticos que tuvieron lugar a mediados del siglo XX, las violencias que se generaron en el país se dieron de una manera indiscriminada.

De tal forma que en un acápite del informe decimos que la violencia que se ha dado, ha sido sin discriminación, pero la pregunta es; ¿por qué después en el informe decimos que las violencias que se generaron fueron violencias fundamentalmente de género?

Eso es como culpar del desastre medioambiental actual, a los colonizadores antioqueños que a lomo de mula y a fuerza de hacha y machete dominaron el agreste paisaje natural que nos rodea, para fundar pueblos y ciudades, y no comprender de este relato, que en su momento ellos lo hicieron por hambre y necesidad, y no porque fueran ecoterroristas bandidos destructores de la naturaleza.

Así que históricamente no podemos juzgarlos hoy en día como los grandes destructores del medio ambiente natural, sino como gentes que hicieron una tremenda gesta histórica civilizadora, esa es la historia explicada y sin ideologías.

Qué esté infectado de ideología, es el tipo de fallos graves de este primer informe y de los informes futuros que seguramente vendrán con el mismo problema; y es que tergiversan y descontextualizan totalmente los hechos, de manera que preocupa su intención y a su vez, deja mucho que desear.

En el informe las víctimas brillaron por su ausencia, así como la posición de las derechas, de los ciudadanos no militantes de posiciones políticas, de la gente del común, de empresarios, campesinos ganaderos, agricultores e industriales.

Que en gran parte fueron las capas poblacionales que mayor cantidad de víctimas tuvieron en las grandes masacres, tomas a pueblos, extorsiones, secuestros, torturas, tratos inhumanos y absolutamente degradantes, que quedaron registrados en los anales de nuestra historia y que poco a poco se han querido ir borrando maliciosamente.

Así que tras la entrega a la opinión pública de este nefasto informe, el mensaje no es para nada bueno para el país.

Queda claro por ejemplo que en Colombia el delito paga, y paga muy bien, ya que después de delinquir siempre habrán formas de impunidad, que van desde unas cortes alcahuetas, hasta una comisión de la verdad que cohonesta con el delito.

Aquí el sistema de justicia no está llamado a mejorar ni a transformarse para una darle al ciudadano una mayor seguridad jurídica; sino a practicar la política de la impunidad, a eliminar el restablecimiento del orden legal por la vía punitiva y pasar a un estado de complicidad institucional con los violentos que históricamente destrozaron la moral del país, todo bajo el discurso de que debe primar el diálogo.

Más grave aún, y es que la élite social y política actual, es mayoritariamente el mismo brazo político.de.aquellos que fueron los victimarios en los hechos históricos de nuestro conflicto armado, y que ahora fungen como gobierno, como sector judicial, como justicia de paz y ahora como comisión de la verdad.

Por lo tanto, ser terrorista en Colombia genera poder político y movilidad social, y eso es algo que nunca le mostrará a usted señor lector esta comisión de la verdad en su primer informe de 555 páginas.

Es mayoritario el componente ideológico que podemos apreciar en el informe; mucho más que la sana invitación a mejorar el sistema de justicia y el respeto por la ley, por la vida, por la libertad y por la propiedad de las personas.

Estos últimos son los elementos que uno como ciudadano, esperaría que aparezcan en el informe, ya que son componentes verdaderamente útiles, que de estar presentes como los valores superiores a defender, ayudarían mucho para la reconciliación de los colombianos y para el avance cultural, social, político y económico de la nación.

Los compromisos fundamentales de todos los actores, como producto de estos informes deberían ser; proteger la vida, la propiedad privada, las libertades, el orden constitucional y legal.

Así que el mensaje de esta «comisión de la falsedad» es que todo aquel que esté en desacuerdo con el régimen político, que se declare subversivo, y que practique la combinación de formas de lucha, podrá gozar de una patente de corso para violentar bienes públicos, agentes estatales, instituciones y ciudadanía, sin consecuencias penales.

Mientras tanto desde esos sectores políticos, «formuladores y comisionistas de la verdad»  se espera y se exige, que la fuerza pública responda ante las demandas ciudadanas y ante el poder judicial como debe ser.

Sin embargo pareciera ser que el informe invita a que una fuerza irregular siempre goce de impunidad, ya que en el fondo se señala a toda la sociedad civil como la responsable de las violencias sufridas; y eso no es cierto.

Mientras el país estuvo en los momentos más álgidos de la confrontación y estuvo totalmente incendiado, aquí también hubo una sociedad en pleno funcionamiento, una ciudadanía que se levantó a trabajar, a criar a sus hijos en valores familiares, a enriquecer al país, a cumplir con la ley, a construir nación, mientras otros eran los que agredian el orden constitucional y legal.

De tal manera este informe consiste en reescribir de forma completamente amañada la historia, y para esto el centro de memoria histórica tendrá que tomar atenta nota, hacer actos de contrición y honestidad, y batallar para no caer en una deconstrucción injusta de los hechos, de lo contrario un gran daño se le hará al país.

Aquí los historiadores tienen una enorme responsabilidad y tendrán que hacer un esfuerzo titánico de honestidad aún en contra de sus convicciones ideológicas y políticas provenientes de la academia amañada que los formó.

Ya que de no hacerlo, nuestra memoria histórica se verá gravemente perjudicada y nuestras nuevas generaciones sufrirán un adoctrinamiento sin precedentes.

Por otra parte, a la opinión pública hay que decirle con toda franqueza que culpar al Estado de todo, en última instancia significa culpar a toda la ciudadanía, así que como consecuencia jurídica, los vidrios rotos los pagaremos todos.

Y así es como se tergiversa totalmente el propósito de la comisión de verdad y se convierte en una comisión de la mentira.

Tal es el inicio de las narrativas colectivistas, donde todos somos culpables y los daños los pagamos solidariamente todos.

Lo cual éticamente no tiene ningún sentido, ya que los inocentes, los que estuvieron al margen de las hostilidades y los que observaron responsablemente la ley, no tienen por qué pagar daños físicos ni morales, con sus impuestos.

Las cosas no deben ser así en un estado moderno, donde debe primar la responsabilidad individual antes que la responsabilidad colectiva y antes que la responsabilidad institucional.

Desaparece totalmente la responsabilidad individual y eso es uno de los efectos más graves de este tipo de iniciativas. Es un lavado de cara a los violentos.

En consecuencia, esta publicación de la comisión de la verdad, no tendrá otra cosa más que graves repercusiones en los niveles de gasto público, ya de por sí elevadísimos.

Y ahora que se considera que el Estado es el que debe pagar todos los vidrios rotos, señor lector, nunca olvide que en última instancia somos los ciudadanos, la gente que en su gran mayoría fueron víctimas, y gente que no participó en el conflicto los que recibirán esa injusta cuenta de cobro, vía reparación, vía restitución, vía políticas públicas, consagrando nuevos derechos, incorporando más burocracia al corrupto aparato estatal, y ocasionando una enorme fiesta del derroche del erario público.

emmorale71@yahoo.com