Gobierno y congresistas chocaron por solicitud de parlamentarios de medidas cautelares ante la CIDH

La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y un grupo de congresistas opositores alcanzó un nuevo nivel con la reciente solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-. La petición, encabezada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, alega una presunta persecución política por parte del Ejecutivo, lo que ha generado un intenso cruce de declaraciones entre ambas partes.

Los parlamentarios, quienes han cuestionado la reforma laboral impulsada por el Gobierno, argumentan que sus derechos políticos y su seguridad están en riesgo. Según Cepeda, el Ejecutivo estaría atentando contra la separación de poderes al descalificar a los congresistas que adoptan una postura crítica. «Los ojos del mundo están puestos en Colombia y en la defensa de su democracia», expresó el Senador tras presentar la solicitud ante la CIDH.

El presidente Petro reaccionó de inmediato a la visita de los congresistas a Washington, señalando que estos buscan «la destrucción de la tranquilidad económica y democrática de Colombia». A través de su cuenta en X, el mandatario subrayó que las relaciones con Estados Unidos deben mantenerse en términos de igualdad y respeto mutuo, sin necesidad de intermediarios que, según él, actúan en contra de los intereses nacionales.

En respuesta, Cepeda reafirmó que el Gobierno no respeta la independencia de poderes y que su administración expone públicamente a los opositores, poniendo en riesgo su integridad. Otros legisladores, como la representante Katherine Miranda, sostienen que las críticas del presidente han generado un clima de hostigamiento e intimidación hacia quienes se oponen a sus políticas.

Durante su viaje a la capital estadounidense, los congresistas sostuvieron reuniones con miembros del Congreso de EE.UU., destacando la importancia de la cooperación bilateral en temas como migración y lucha contra el narcotráfico. Asimismo, insistieron en la necesidad de alertar a la comunidad internacional sobre lo que consideran un debilitamiento institucional en Colombia.

La disputa se produce en un contexto de creciente polarización política, donde el Gobierno ha recurrido a decretos para avanzar en sus reformas ante la falta de apoyo legislativo. La posibilidad de que estas medidas sean interpretadas como un intento de concentración del poder ha generado preocupaciones en distintos sectores políticos y jurídicos.

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