Gobierno ordenó traslado de integrantes de Los Pachenca y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra a cárceles fuera del Caribe

Una decisión del Gobierno Nacional modificó el lugar de reclusión de integrantes de dos estructuras criminales que permanecían en cárceles de la región Caribe. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que las personas privadas de la libertad señaladas de pertenecer a Los Pachenca y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra fueron trasladadas a centros penitenciarios ubicados en otras regiones del país.

Según el anuncio presidencial, la medida responde a una instrucción impartida por el propio jefe de Estado con el objetivo de evitar que los establecimientos carcelarios ubicados en zonas de influencia de estas organizaciones puedan ser utilizados como espacios para mantener mecanismos de coordinación criminal.

“Di la orden y se cumplió”, afirmó De La Espriella al referirse a los traslados efectuados por las autoridades penitenciarias.

La decisión se fundamenta, de acuerdo con el Gobierno, en la necesidad de separar a los integrantes de estas estructuras de los territorios donde mantienen presencia o influencia. Con el traslado hacia centros penitenciarios de otras regiones, la administración busca reducir las posibilidades de que las personas recluidas puedan mantener contacto y coordinación con integrantes de las organizaciones que permanecen en libertad.

Los Pachenca y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra han tenido presencia principalmente en zonas del Caribe colombiano. La decisión del Ejecutivo se concentra en los integrantes de estas estructuras que se encontraban privados de la libertad en cárceles de esa región.

El Gobierno señaló que las personas trasladadas continúan sometidas al régimen penitenciario y a las disposiciones establecidas por la ley. La medida, según la explicación oficial, no modifica su condición jurídica ni las obligaciones derivadas de los procesos judiciales que enfrentan.

La preocupación expresada por el Ejecutivo está relacionada con la posibilidad de que los establecimientos penitenciarios sean utilizados como puntos desde los cuales se puedan impartir instrucciones, establecer contactos o mantener mecanismos de coordinación con organizaciones criminales externas.

En ese sentido, el presidente insistió en que la privación de la libertad implica que las personas recluidas quedan bajo la autoridad del Estado y deben cumplir las normas establecidas para el funcionamiento de los centros penitenciarios.

“En Colombia, estar tras las rejas significa estar sometido a la autoridad del Estado y a la ley”, sostuvo De La Espriella.

La orden también hace parte de las acciones que el Gobierno plantea para fortalecer el control penitenciario y territorial. La administración señala que uno de sus objetivos es impedir que las organizaciones criminales conserven capacidades de coordinación a pesar de que algunos de sus integrantes se encuentren recluidos.

Los traslados buscan, según el Ejecutivo, reducir los vínculos entre los privados de la libertad y las estructuras que permanecen activas en sus territorios de influencia. La estrategia contempla que los centros penitenciarios no sean utilizados como escenarios para mantener estructuras de mando o para facilitar la continuidad de actividades ilícitas.

La decisión presidencial se suma a las medidas de seguridad que el Gobierno asegura estar implementando frente a organizaciones criminales con presencia regional. En este caso, el foco está puesto en el control de los establecimientos penitenciarios y en evitar que las personas privadas de la libertad puedan conservar desde allí capacidades de coordinación.

El Gobierno reiteró que las autoridades penitenciarias deberán mantener bajo control a las personas recluidas y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales dentro de los establecimientos. La administración también señaló que las medidas de seguridad deberán ajustarse al marco jurídico vigente y a las condiciones establecidas para las personas privadas de la libertad.

El presidente indicó que la instrucción es continuar avanzando en la desarticulación de las estructuras criminales y fortalecer simultáneamente el control sobre los territorios y las cárceles. La estrategia busca abordar no solo la presencia de estas organizaciones en determinadas zonas, sino también los mecanismos que podrían permitirles conservar capacidad operativa pese a la captura y reclusión de algunos de sus integrantes.