Gobierno investiga a 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en fotomultas

Más de 7,5 millones de comparendos entran en revisión

El Gobierno Nacional anunció la apertura de investigaciones administrativas contra 37 organismos de tránsito en diferentes regiones del país por presuntas irregularidades relacionadas con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos popularmente como fotomultas.

Las actuaciones son adelantadas por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, luego de identificar posibles incumplimientos de requisitos técnicos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.

Según las autoridades, el principal hallazgo está relacionado con la ausencia o irregularidad en el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para garantizar la confiabilidad y legalidad de los sistemas tecnológicos utilizados para imponer comparendos.

Durante el proceso de revisión se detectó que 12 organismos iniciaron operaciones sin contar con el concepto técnico requerido, mientras que otros siete habrían operado utilizando conceptos expedidos a terceros. Adicionalmente, 18 entidades obtuvieron la certificación después de haber comenzado el funcionamiento de las cámaras.

Entre las ciudades y municipios involucrados aparecen Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Montería, Sincelejo, Valledupar, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

Millonarias sanciones y posibles devoluciones

Las investigaciones revelaron que los organismos bajo revisión habrían impuesto más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas cuestionados técnicamente. De ese total, 1.582.398 multas ya fueron pagadas por ciudadanos, lo que representa recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que las actuaciones buscan proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la ley. “Las fotomultas no pueden convertirse en mecanismos de recaudo por fuera de los requisitos legales y técnicos. Cuando no se cumplen las normas, los ciudadanos no pueden asumir las consecuencias”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con el Gobierno, si las irregularidades son confirmadas, las entidades investigadas podrían verse obligadas a devolver los recursos recaudados y enfrentar sanciones equivalentes hasta al doble del dinero recibido. Las posibles multas superarían los 2,1 billones de pesos, según las disposiciones contempladas en la Ley 2251 de 2022.

Más de 5,8 millones de comparendos perderían validez

Uno de los efectos más relevantes de la investigación es que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados deberán ser revocados de oficio por parte de las autoridades de tránsito correspondientes. La medida beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos en todo el país.

Entre los organismos con mayores cifras de comparendos revisados aparecen Cali, con cerca de 2,7 millones de multas; Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con aproximadamente 294 mil; y Barranquilla, con más de 131 mil comparendos.

El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, indicó que las investigaciones no buscan afectar la seguridad vial, sino garantizar que los sistemas funcionen bajo parámetros legales y transparentes. “Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir plenamente los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, afirmó el funcionario.

El Gobierno anuncia controles más estrictos

Las autoridades nacionales aseguraron que continuarán adelantando auditorías y procesos de vigilancia sobre los sistemas automáticos de tránsito para garantizar transparencia y respeto al debido proceso. El Ministerio de Transporte reiteró que el objetivo es fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que las herramientas tecnológicas destinadas al control vial operen dentro de los estándares legales establecidos.

Mientras avanzan las investigaciones administrativas, los organismos de tránsito deberán responder a los requerimientos técnicos y jurídicos formulados por la Superintendencia.