Fiscalía reabrió caso contra «alias Calarcá» y provocó ola de reacciones en el escenario político
La revelación de mensajes que vinculan a Alexander Díaz, «alias Calarcá», con órdenes de homicidio y reclutamiento de menores mientras participaba en acercamientos con el Gobierno nacional provocó pronunciamientos de distintos sectores políticos, luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la reapertura de su proceso.
La revelación de mensajes que vinculan a Alexander Díaz, «alias Calarcá», con órdenes de homicidio y reclutamiento de menores mientras participaba en acercamientos con el Gobierno nacional provocó pronunciamientos de distintos sectores políticos, luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la reapertura de su proceso.
La información fue divulgada por Noticias Caracol, que expuso conversaciones en las que el jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc habría ordenado acciones violentas.
Entre los registros se encuentra un mensaje fechado el 6 de enero de 2024, en el que se instruye a ejecutar a un excombatiente firmante del acuerdo de paz, identificado como Juan Gabriel Hurtado Betancour. En otro intercambio se menciona el ingreso forzado de una menor de 14 años a la estructura armada en el departamento del Meta.
Los hechos también se producen luego de la captura, en julio de 2024 en Anorí, de varios integrantes de estas estructuras, quienes posteriormente recuperaron la libertad al ser reconocidos como gestores de paz dentro de la política de “paz total”.
Tras conocerse estos elementos, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que el expediente fue reactivado y señaló que la gravedad de los hechos es incompatible con su permanencia en escenarios de negociación.
Desde distintos sectores políticos se emitieron reacciones frente a la situación. El exsenador Juan Manuel Galán calificó lo ocurrido como una “vergüenza” y afirmó que la información conocida evidenció fallas en la respuesta institucional. En sus declaraciones señaló que, según su criterio, el Estado no actuó oportunamente frente a los hechos revelados y pidió fortalecer las acciones de inteligencia y seguridad.

El representante electo Daniel Briceño cuestionó posibles afectaciones a la seguridad de la oposición, luego de referirse a presuntas infiltraciones en organismos estatales. En sus publicaciones planteó interrogantes sobre las garantías para sectores políticos frente a estos hechos.

Por su parte, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila se refirió a la relación entre el líder disidente y el Gobierno, señalando que las revelaciones coincidían con investigaciones periodísticas previas. En sus mensajes también mencionó presuntos vínculos de estas estructuras con instituciones del Estado.

El abogado Enrique Gómez afirmó que los hechos divulgados respaldan denuncias previas sobre la presencia de organizaciones ilegales en escenarios institucionales. En su pronunciamiento sostuvo que la situación obligaría a retomar órdenes de captura contra integrantes de estas estructuras.

Desde el Congreso, la senadora María Fernanda Cabal hizo referencia a riesgos de infiltración en entidades del Estado y mencionó posibles relaciones entre actores ilegales y procesos políticos, según sus declaraciones públicas.

En la misma línea, el exministro José Manuel Restrepo señaló que lo conocido representa un impacto para la política de seguridad del Gobierno. En sus afirmaciones, indicó que estos hechos reflejan problemas en la implementación de la estrategia de “paz total” y planteó la necesidad de reforzar acciones institucionales.

Las reacciones se producen tras conocer chats que evidencian crímenes cometidos durante el proceso de negociación con el Gobierno nacional que vinculan a alias Calarcá.

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